El Frente Guasu, divulgó este domingo la carta donde intelectuales de distintos países manifiestan su preocupación por el devenir de la investigación judicial llevada a cabo hasta la fecha que consideran “claramente parcial y viciada de nulidad”.

El escrito cuenta con las rúbricas de Esquivel; de la exsenadora y mediadora en los diálogos de paz en Colombia Piedad Córdoba; del sociólogo Atilio Borón, del director del Centro Internacional de Información Estratégica y Prospectiva de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) , Jorge Beinstein, y de la presidenta del Consejo Mundial de la Paz, Socorro Gomes, entre otros.

El manifiesto asegura que la investigación del Poder Judicial paraguayo ha tenido como “único” objetivo “incriminar a los campesinos y las campesinas por los delitos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa”.

La carta divulgada por el Frente Guasu asegura que la masacre, fue “el alegato principal del Poder Legislativo para la farsa de juicio político que se desarrolló días después”.

Lo que concluyó “con la destitución del presidente constitucional de la república significando la ruptura del orden democrático interno” del país.

El escrito denuncia que las tierras en cuestión son propiedad del Estado, pero que actualmente se encuentran “usurpadas” por la empresa Campos Morombi que pertenece a la familia del recientemente fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

“Actualmente la empresa Campos Morombi arrienda las tierras públicas usurpadas a empresarios brasileños para el cultivo de soja”, destacan los firmantes de la carta que reclaman a la Justicia paraguaya que se defina sobre el litigio por la propiedad de las tierras entre el Estado y la empresa de la familia Riquelme.

La misiva recuerda que producto de este proceso judicial hoy se encuentran privadas de libertad o con arresto domiciliario 13 personas, pero que entre ellas no hay ningún policía ni ningún empresario o cargo político.

Najeeb Amado, uno de los dirigentes del Frente Guasu, explicó a Efe que el juicio político a Lugo fue “una violación flagrante del marco legal paraguayo ” y recordó que la “arbitrariedad” de la investigación judicial fue denunciada este año por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

“Ayudamos a difundir esta carta para intentar dar una garantía al proceso porque hay una condena cantada y vamos a hacer el esfuerzo par que se respete el debido proceso”, dijo Amado.