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La Fiscalía General del Estado rechazó la recusación planteada contra la agente fiscal Teresa Sosa Laconich, quien interviene en la causa donde están investigados estudiantes y funcionarios por la presunta compra y venta de calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción.
En ese sentido, la Fiscalía General consideró improcedente la recusación planteada por la abogada María Leticia Bóveda Andrada, en representación de Emhil Morel Achón, uno de los imputados en la causa.
Parte de la resolución expresa: “La agente fiscal Teresa Sosa precauteló la objetividad en el sentido de la obtención de elementos probatorios que sirvan de cargo y de descargo. Asimismo, las desaprobaciones exteriorizadas sobre criterios y actuaciones procesales no constituyen argumentos válidos para hacer lugar a la recusación. Sin el aval de elementos de convicción que demuestren la pérdida de objetividad en la actuación dentro de una causa, no se puede alegar que se actúa supuestamente en violación de las disposiciones previstas en el artículo 54 del Código Procesal Penal en cuanto al principio de la objetividad”.
En conclusión, la recusación formulada carece de sustentabilidad, debido a que no se observa en la conducta de la agente fiscal una actuación anormal y fuera del marco legal de sus atribuciones o funciones como tampoco existen motivos jurídicos para apartarla del caso, según la explicación.
La fiscal Teresa Sosa presentó imputación contra los alumnos Nidia Beatriz Méndez Matiauda, Yeni Bernardina Rivas Ruiz Díaz, María Belén Maldonado Silva (hija del diputado Celso Maldonado), Germán Eduardo Torres Antonioli, Leonard Chung Wang, Luis Alberto Arce Roux, Víctor Agüero Pagliaro, Andrea Paredes Acosta, Jorge Vidal Francia Rolón y César Manuel Romero Giménez.
También incluyó al funcionario de la Facultad de Ciencias Jurídicas UC, Claudio Ramón Aponte Steiner, y amplió hechos punibles contra los compañeros de este, Víctor David Oviedo Arce y Eduardo Ariel Barrios Villalba.
Según la investigación Víctor David Oviedo y Eduardo Ariel Barrios son los encargados de “vender” calificaciones. Inclusive, los propios alumnos involucrados confesaron que el sistema de pago era a través del servicio “Giros Tigo”. Esto fue corroborado con informes de telefonías y la transcripción de mensajes de textos, que hacían referencia a las “negociaciones” de la práctica ilegal.