Cinco años de prisión por vender tu cédula

La Fiscalía emprendió una campaña de concienciación y advertencia denominada “Vender tu cédula es un delito”. A través de un material audiovisual, la institución recordó que las personas involucradas se exponen a una pena de cinco años de prisión.

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La compra de cédula es uno de los hechos más comunes y arraigados que se tienen en nuestro país. Inclusive varias autoridades fueron denunciadas por estos actos, entre ellas el senador Silvio Ovelar más conocido como senador “Trato apu’a”, quien fue grabado en abril del 2013, días antes de las elecciones generales, cuando buscaba la reelección, negociando la compra de votos con un dirigente liberal.

Por otro lado, otro de los sonados casos se evidenció en  un documental del  francés Gregory Schepard, donde se mostraba cómo se compraban votos durante las elecciones del 2008. En las escenas tomadas y difundidas por internet se ve a dos jóvenes colorados repartiendo dinero a cambio de votos para Blanca Ovelar. “Hay de distintos tipos... Está la compra de cédula, está el estímulo. Nosotros les damos una ayuda a ellos por ser colorados”, expresa uno de los jóvenes. Entre los "compravotos" figuraba el dirigente José Claudio Alvarenga Bonzi, de la Juventud Colorada Nacionalista, quien actualmente se candidata para concejal de Asunción por el movimiento Honor Colorado, del presidente de la República, Horacio Cartes.

El próximo domingo nuevamente se realizan los comicios para la elección de autoridades y futuros candidatos de los partidos políticos. Entre los cargos en pugna se encuentra el de presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Al respecto el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, instó a los votantes a participar de los comicios con las buenas prácticas electorales, refiriendo que el sufragio es “libre, secreto e intransferible”. "Por ello, recordamos que se busca prevenir la compra y venta de las cédulas de identidad, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de penitenciaría", recordó.

Son considerados delitos electorales la destrucción de datos del registro, la violación de formalidades para la constitución de mesas y la negativa de recibir protestas escritas por parte de los veedores. La suspensión del acto electoral, el impedimento del voto, así como la alteración de fecha, lugar y hora de las votaciones, también constituyen delitos electorales.

También son la admisión del voto de electores que no figuran en el padrón y el voto de una misma persona por dos o más ocasiones. La distribución de boletines con votos falsos o adulterados, la sustracción de las papeletas y la no entrega de documentos electorales sin causa justificada, también son delitos. La negativa de dar certificaciones que corresponden a veedores y apoderados; las proclamaciones indebidas o fraudulentas y el impedimento de la revisión de los datos del padrón, serán otros puntos a ser considerados por los fiscales que trabajarán ese día.

La detención ilegal de miembros de mesas y electores, la violencia sobre los sufragantes y la retención de los documentos de identidad son otros aspectos a considerar. El entorpecimiento del envío de los documentos electorales, la propaganda fuera de plazo, la desobediencia a los presidentes de mesa y la reunión cerca de los lugares de votación para coaccionar al elector, son otros delitos electorales. Tampoco el día de las elecciones no se podrá divulgar encuestas ni resultados de boca de urna antes del plazo electoral.

Los fiscales tendrán que intervenir por hechos como perturbación de la paz pública o de violencia en locales habilitados para el sufragio, así como los de propaganda electoralista o de instalación de mesas de consultas en las cercanías de los centros de votaciones. También se realizará el control de consumo de bebidas alcohólicas y portación de armas.

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Denuncias Penales, habilitará para la fecha asignada, líneas telefónicas para orientación y denuncias. En la sede central (segundo piso) del Ministerio Público, funcionará un Centro de Procesamiento de Denuncias.

Los ciudadanos pueden comunicarse a los siguientes números: 

- 0986 630 324 - 0986 630 164 - 0986 630 355 - 0986 630 319

- Líneas bajas (Directo) 0800 114 700 / 454611

Números habilitados en sede de San Lorenzo:

- Líneas bajas (Directo) 590 623 (Central) 572 991 (Central) 572 993 (Central) 571 836

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