La sentencia definitiva fue dada a conocer anoche, en la sala número 1 de juicios orales de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad. En cinco días hábiles se dará a publicidad copia escrita de ambas sentencias y sus argumentaciones.
El Tribunal de Sentencia está constituido por los jueces Blas Zorrilla (presidente), Fabián Iglesias y María del Carmen Giménez Maier. Estos dos últimos coincidieron en que la principal encausada, Rufina Sanabria, una empleada administrativa con más de 20 años de antigüedad en la empresa, incurrió en delitos tipificados como estafa, producción de documento de contenido falso, y lesión de confianza.
En el caso de Zulma Aranda, condenada a seis años de prisión, ambos magistrados coincidieron en que incurrió en los delitos tipificados como estafa y producción de documento no auténtico, y en el caso de Jorge Maqueda, condenado a tres años de cárcel, el mismo incurrió en el delito de apropiación, según el fallo.
Por su parte, el juez Blas Zorrilla, quien de acuerdo a los denunciantes, durante todo el juicio tuvo un comportamiento más parecido a un abogado defensor que a un juzgador, encontró que Rufina Sanabria, exempleada administrativa de la empresa Samai, no cometió estafa ni producción de documentos no auténticos, pese a las pruebas instrumentales que obras en el expediente consistentes en cheques modificados y retocados.
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Para el juez Zorrilla la imputada incurrió en el delito tipificado como apropiación, y la condenó a dos años de cárcel, pena que por el monto, es excarcelable. Abogados de la defensa adelantaron que apelarán la sentencia.
Con este fallo se da por concluido uno el juicio oral iniciado el siete de octubre pasado, y que generó gran expectativa por los actores involucrados, y por tratarse, según los denunciantes, de un hecho de estafa cuyo “modus operandi” ya afectó a otras empresas de la zona, pero que no tomaron estado público porque no fueron denunciados.
El perjuicio económico denunciado por la empresa supera los 800 millones de guaraníes en cheques adulterados cobrados por los procesados en desconocimiento de los directivos de la empresa. Al menos 296 cheques fueron negociados en una firma financiera, conocida como Credipar, entre los años 2010 y 2012, además de otros mediante operaciones con particulares, hasta que se detectó la operación de la empleada infiel y fue radicada la denuncia.