La defensa planteó que la resolución de prisión domiciliaria es “arbitraria, ilegítima, infundada y por sobre todo inconstitucional”, ya que afirman que no puede haber peligro de obstrucción a la investigación, atendiendo a que las evidencias están suficientemente custodiadas, además que no existe riesgo de fuga alguno por la fianza y la caución real ofrecida, entre otros argumentos.

Sin embargo, el tribunal integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos González y Gustavo Santander ratificó la prisión domiciliaria de los procesados, teniendo en cuenta los hechos punibles por los cuales están imputados, persecución de inocentes, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, denuncia falsa, producción inmediata de documento público de contenido falso.

Este caso deriva de un procedimiento policial que partió tras la denuncia de una joven por supuesto asalto a mano armada, por parte de un adolescente de 14 años en cuyo poder se encontró un arma de fuego y varios objetos, hecho que se registró a inicios de diciembre pasado.

El fiscal Rogelio Ortúzar había ordenado la liberación del menor luego de que la supuesta víctima diera una versión completamente diferente en su declaración ante el Ministerio Público, alegando que todo se trató de una pelea de pareja y nunca hubo asalto alguno.

La mujer de 25 años admitió tener una relación estable con el adolescente de 14 años, supuesto agresor, y además dijo que tienen un hijo de cuatro meses (al momento del hecho), conducta calificada como abuso sexual en niños, puesto que dijo que ya tienen tres años de relación, o sea desde que el menor tenía 11 años. Este caso nunca llamó la atención del fiscal Ortúzar.