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El resultado de la auditoría encargada por la Superintendencia de Salud revela las numerosas falencias que se hallaron en el Instituto Nacional del Cáncer, durante la administración del doctor Héctor Dami.
Como problema principal indican la falta de personal para áreas vitales, la existencia de personal no calificado en áreas específicas, equipos obsoletos, y una atención deficiente.
El documento presentado el 15 de junio señala varias irregularidades halladas en la institución, indicándose en primer lugar la falta de personal calificado para áreas vitales, como el área quirúrgica, en donde no hay médicos cirujanos oncológicos, tampoco médicos anestesiólogos ni técnicos o licenciados en anestesia.
“El área tiene un solo camillero, que es para todo el hospital, por lo que no cuentan con otros que puedan dar cobertura las 24 horas, no tienen licenciados especializados en área quirúrgica, no hay médicos intensivistas para cuidados intensivos, ni coordinador para quirófano”, indica el documento.
Agrega que el instituto tampoco tiene anestesiólogos ni médicos clínicos o pediatras de guardia para los casos de complicaciones o para la atención de fines de semana.
La entidad acude a médicos residentes cuando necesita profesionales, sostiene. “El Área Quirúrgica está a cargo de un médico, dos enfermeras y una asistente de insumos. Estos se manejan sin un manual de procedimientos y funciones”, añaden los auditores.
El informe indica que el hospital necesita insumos para cirugía, los cuales no existen en la farmacia, así como equipamientos básicos, por ejemplo lavaderos con canillas y dispensarios de jabones antisépticos, además de tachos para las ropas sucias y para otros restos.
La auditoría señala también que en el área de Oncología Clínica tienen 16 camas de internación, una sala de procedimientos de urgencia sin ningún tipo de insumos y equipamientos mínimos.
De los cuatro médicos oncológicos que tiene dicha sección, dos estaban en un congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO por sus siglas en inglés) cuando se realizó la verificación, por lo que se dejó constancia debido a la disminución de la calidad de la atención, dice el reporte.
En ninguna de las áreas citadas se cumple con las normas de bioseguridad, poniendo en riesgo la salud de los pacientes y de los propios trabajadores, sostienen los auditores.
El documento fue firmado por Patricia Ferreira Monzón, Damián Cáceres, Luis Armoa, María Isabel de Villalba, Adela Martínez, Pabla Ortiz, Óscar Galeano y Miguel Arestivo.
El informe señala que el ente cuenta con un presupuesto total de G. 74.749.743.958, de los cuales se ejecutó solo el 14,93%, es decir, G. 11.163.711.994 en el primer semestre del año 2012.
De la cifra total ejecutada, corresponde al concepto de servicios personales G. 9.867.896.154 y solo G. 1.295.815.840 en presupuesto de gastos, lo que demuestra que se priorizó el pago de salarios antes que la inversión en el servicio para los pacientes.