La Corte dispuso enviar los antecedentes de la causa encabezada por los camaristas Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López a la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, ante las publicaciones que advierten que los mismos allanarían el camino para blanquear a Ignacio Urbieta, sospechoso de ser el cabecilla de la estructura criminal.

Los magistrados resolvieron llamativamente a favor del investigado una acción de prejudicialidad que los ayudaría a suspender el proceso por la megaevasión, una denuncia hecha por la propia Subsecretaría de Estado de Tributación. Se sospecha en el caso la influencia de poderosos políticos de Ciudad del Este, con ascendencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para evitar que se llegue a una condena contra Urbieta.

El esquema de evasión consistía en la elaboración de facturas con contenido falso, con las que unos 285 clientes habrían logrado evitar pagar impuestos por unos G. 1.539.143.584.607.