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La mañana de este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, firmó una resolución que dispone una auditoría a la decisión del juez Leongino Benítez, quien el pasado 2 de setiembre dispuso la libertad del conocido narco acusado de posesión y tráfico de marihuana al Brasil, país que tramita su extradición.
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De acuerdo al documento, se ordena la remisión de todos los antecedentes del caso a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurídica, a fin de proceder a “una auditoría de reacción inmediata”.
El magistrado de Capitán Bado había dispuesto la liberación de Barón Escurra, en una actitud que despertó sospechas, debido a que lo hizo de manera silenciosa y sugestiva, sin avisar siquiera a la Fiscalía de que había convocado al narco a una audiencia de revisión de medidas.
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El fiscal Hugo Volpe había presentado acusación contra Escurra por violación de la Ley de Armas, tenencia de drogas, reducción y asociación criminal, por lo que llama la atención la disposición de Leongino Benítez Caballero.
El capo narco había sido capturado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en agosto del año pasado en un operativo ejecutado en su estancia de la colonia Cristino Potrero, de Capitán Bado. Pese a los elementos en su contra, el juez local decidió liberarlo alegando que el Ministerio Público no presentó “suficientes pruebas”.
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Se menciona que el hombre fue liberado gracias a “fuertes incentivos” en dólares que lograron “aceitar” el sistema judicial en Capitán Bado.
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Barón, igualmente, es señalado por haber planeado la muerte del corresponsal de ABC Color Cándido Figueredo, según una llamada interceptada en el año 2011.
En horas de la mañana de este lunes, el fiscal Marco Alcaraz anunció que apelará la decisión del juez Leongino Benítez debido a la manera en que se produjo la liberación.
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