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La Sala Constitucional de la Corte aseguró en su escrito que la propiedad privada de la empresa ganadera se formó “sobre las propiedades comunitarias de los pueblos antiguos”, en referencia al pueblo indígena enxet que habita la zona desde antes de la colonización española, informó la ONG Tierraviva.
“A la empresa ya no le quedan recursos legales para frustrar los derechos de la comunidad”, dijo el abogado Ireneo Téllez, de la organización dedicada a la defensa de los derechos de los indígenas de la región del Chaco, mitad occidental de Paraguay.
Los Sawhoyamaxa aseguraban que la empresa ganadera Grupo Liebig, del alemán Heribert Roedel, atrasaba “con maniobras jurídicas” el cumplimiento por parte del Estado paraguayo de la sentencia internacional que le obliga a devolverles 14.404 hectáreas de tierra.
Después de que el Congreso y el Gobierno aprobaran la expropiación que exige la sentencia internacional, los abogados de Roedel presentaron una acción de inconstitucionalidad aduciendo que la ley violaba “ principios constitucionales de la propiedad privada”. Sin embargo, la Corte respondió este jueves que la ley no viola ningún principio constitucional y que la figura de expropiación está prevista en la Constitución.
La decisión de la Corte da vía libre al Gobierno del presidente Horacio Cartes para acatar una de las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que Paraguay arrastra sin cumplir en materia de derecho territorial indígena. La Sala Constitucional remarcó que las comunidades indígenas de la zona “existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de 'propiedad'” por lo que las mismas deben volver “al estado anterior de sus poseedores originales bajo las reglas de la propiedad comunitaria” .
“Era de esperar, no había mucho que discutir. Era cuestión de que Paraguay por su parte reconozca y compense una deuda histórica con los pueblos originarios”, dijo uno de los líderes de la comunidad Sawhoyamaxa, Eriberto Ayala. “Esto significa tranquilidad para nosotros a pesar de los amedrentamientos de la empresa, y no solo eso, también es una repuesta a las tantas fallas jurídicas que se hizo con Sawhoyamaxa”, añadió Ayala.
El Estado paraguayo fue condenado en 2006 por la CorteIDH por violar los derechos a la vida, la integridad personal, a la identidad y a la integridad territorial, entre otros, de los indígenas Sawhoyamaxa. Esta comunidad, proveniente del Chaco Boreal, en la región occidental del país y formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por Roedel, según la sentencia de la CorteIDH.
Durante dos décadas se vieron obligados a emigrar de su territorio e instalarse en el margen de una carretera, donde nunca tuvieron asistencia del Estado.