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La CIDH comunicó al Estado paraguayo el 4 de abril pasado la orden del cese de la querella, con el argumento del artículo 53 del reglamento prohíbe el enjuiciamiento de declarantes.
“En consecuencia, el sometimiento al proceso penal que implica la admisión de la querella constituye una violación a este artículo”, refiere la resolución.
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Arrom fue querellada por Aquino por sus declaraciones en el juicio de su hermano, Juan Arrom, que demanda al Estado paraguayo. El secretario Nacional de Inteligencia, presentó la querella penal por difamación, calumnia e injuria y solicitó el resarcimiento de 850 millones de guaraníes por daños y perjuicios.
Y aunque la primera respuesta del Estado paraguayo al requerimiento de la CIDH fue que Aquino Bernal actuó de manera personal y por derecho propio, mediante querella privada, se optó finalmente por acceder al cese de la querella, para evitar consecuencias.