El presidente Federico Franco había promulgado la ley Nº 4758/12 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en octubre del año pasado. Este plan, financiado por las binacionales hidroeléctricas, pretende garantizar la inversión en salud, educación y agricultura.
En este sentido, a través del decreto Nº 10.504, del 11 de enero, se aplicaron normas adicionales para el funcionamiento de lo que se denomina un Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación.
Entre ellas, las funciones y atribuciones que tendrá el fiduciario, que en este caso será la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La normativa dice que en este concepto, la institución percibirá una remuneración que no podrá exceder el 1% anual.
Este cálculo se hace sobre el patrimonio del fondo, IVA incluido; las donaciones que recibirá el Fonacide, sobre los procedimientos de Conacyt, otorgamientos de becas, entre otros.
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También se establecen las propuestas en las áreas de mayor impacto para el desarrollo del país, así como también los recursos asignados a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANEAES).
El Fonacide destinará al año, para la educación, el 30% de los US$ 360 millones provenientes de Itaipú.
La otra parte de estos fondos se distribuirá de la siguiente manera: 28% para proyectos de infraestructura, 25% para gobiernos departamentales y municipales, 7% para la Agencia Finaciera de Desarrollo (AFD) y 10% para el Fondo Nacional de Salud.