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La acción fue penal está impulsada por los ediles municipales Santiago Martínez (Tekojoja), Julio Colmán, Agustín Pío Ramírez, Alberto Fernández, Mirna Benítez y Francisco Paniagua (ANR), Eliodoro Ruiz, Miguel Torrez, Carlos Santacrúz y Antonio Giménez (PLRA) y Víctor Villalba (Unace), denunciaron político liberal por los delitos de asociación criminal (Art. 239 del Código Penal), lesión de confianza (Art. 192), estafa (Art.187), respectivamente.
La acción penal presentada ante la Unidad de Delitos Económicos dependiente del Ministerio Público involucra, además, a Pedro Celestino López Tarragó y Reinaldo Barreto Britos, exsecretario y extesorero municipal. Asimismo, afecta al contratista Jorge Cage Ferreira, este último, recluido por estafa en la cárcel regional de Coronel Oviedo.
ANTECEDENTES
Si bien Vega Barreto había renunciado al cargo de intendente para postularse al cargo de diputado por el departamento de Canindeyú, los once ediles alegaron que corresponde reaccionar en defensa de los derechos de la ciudadanía, pues el silencio los convertiría en cómplices de las graves irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la institución municipal.
Por Resolución 27/2013, la Junta Municipal rechazó la ejecución presupuestaria de egresos de Fonacide correspondiente al año 2012. El rubro asignado para la comuna local se fijó en G. 616.791.343 para construcción de cinco aulas con baños para las colonias Araujo Cué, Táva Jopói, Maracaná y esta ciudad. Según la denuncia de los ediles, las obras fueron adjudicadas “ilegalmente a Jorge Cage Ferreira; es decir, sin llamado de concurso de precios, obviando normativas administrativas que regular el referido rubro. Asimismo, el exintendente Vega Barreto expidió dos cheques entre los días 27 y 28 de diciembre de 2012 por montos de G. 45.000.000 y G. 21.000.000 (el cheque fue solo endosado por Evaristo Martínez), destinados para “merienda escolar” para instituciones educativas del presente año lectivo. Según los datos del BNF, el extesorero Reinaldo Barreto se encargó del cobro de los dos cheques en las agencias de Asunción y San Estanislao, respectivamente.
El exintendente municipal, sigue sin responder las llamadas a su celular (0983- 290XXX) lo que dificultó conocer su versión. El político liberal renunció al cargo el pasado 16 de enero para postularse oficialmente para la diputación.
LO QUE DICE LA LEGISLACION
El presidente Federico Franco promulgó el año pasado la Ley Nº 4758, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La norma legal dispone que 360 millones de dólares recibidos de Itaipú sean destinados a inversiones para programas de educación, salud e infraestructura.
La nueva ley debe generar mano de obra y distribución de computadoras a niños de las escuelas, a través de los municipios de todo el país. Está previsto administrar US$ 360 millones que Paraguay recibe desde el año pasado por la cesión de energía eléctrica en la hidroeléctrica binacional de Itaipú.
Según la nueva legislación, el 28% de los fondos será destinado a programas y proyectos de infraestructura, el 30% irá a programas educativos y de investigación, el 25% a las gobernaciones y municipalidades del país. El 10% de los recursos serán destinados al Fondo Nacional para la Salud, mientras el 7% irá a la Agencia Financiera de Desarrollo para sus programas de créditos.