Según informa el Indert, el desvinculado Gustavo Édgar Carlés Berdoy, junto a Hugo Halley Merlo, habrían sido responsables de la elaboración de un informe que buscaba justificar un operativo de represión registrado en el año 1975, en la colonia San Isidro del Jejuí, en plena dictadura stronista.
“Corría la década de los setenta, cuando un grupo de familias de las Ligas Agrarias Cristianas asentadas en la localidad de Lima, San Pedro, iniciaron la comunidad de de San Isidro, sobre la base de un modelo alternativo de producción y tenencia de la tierra”, indica un análisis del Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (Ceidra) de la Universidad Católica.
Esta iniciativa fue combatida por el régimen del entonces presidente Alfredo Stroessner, que intervino en el asentamiento en un operativo policial-militar comandada por Pastor Coronel.
Al respecto, los funcionarios del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) Hugo Halley Merlo y Ëdgar Carlés elaboraron un informe “técnico-político”, que fue almacenado en el Archivo del Terror.
Según el informe, el IBR adquirió una fracción de 3.000 hectáreas, reconociendo en la escritura de transferencia el pago hecho por las familias, que constituía una suma cercana a los 600.000 guaraníes. Esta cifra equivalía unas 230 hectáreas, al precio de las tierras de esa región en aquella época.
Cuando culminó la dictadura, se conformó la asociación campesina San Isidro del Jejuí para recuperar las tierras y se abrió un expediente en el IBR que no arrojó resultados.
En 1994, la entidad adjudicó y tituló cuatro de los lotes reclamados a favor de los esposos Rivarola-Velilla. Este hecho generó una reacción de los campesinos quienes en 1999 entablaron una demanda de nulidad de títulos y obligación de hacer escritura pública, que fue ganada en 2005 y ejecutada en 2010.