En contacto con ABC Color, la fiscal Nadine Portillo, confirmó que el Juzgado Penal de Garantías N° 8, a cargo del juez Gustavo Amarilla, es el encargado de realizar el trámite correspondiente a objetos de solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado liberal Fernando Nicora López Moreira.
“Ya enviamos las documentaciones más importantes que respaldan nuestra imputación al juzgado”, mencionó la agente fiscal.
Luego, la Cámara de Diputados deberá evaluar la imputación y los antecedentes en plenaria, y a través de una votación por mayoría simple, decidir si le quitan o no el “blindaje” parlamentario a Nicora.
Ahora, los diputados están en receso parlamentario, pero, según señaló la fiscal, ni bien regresen a sus funciones, deberán tratar este tema.
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La fiscal admitió que los diputados podrían salir con cualquier tipo de argumentación o “excusa” para proteger al diputado Nicora. “Se define por mayoría simple. Si no hay quórum, no se lo desafuera”, acotó la fiscal.
No es la primera vez que se solicita el desafuero de un parlamentario. En el año 2013, se había tratado en el Senado el pedido de desafuero del senador Víctor Bogado por el caso de la niñera de oro. En un primer momento, la Cámara alta lo protegió, pero tras la indignación y presión ciudadana, finalmente fue desaforado.
Normalmente, cuando estas decisiones se llevan a votación en plenaria, es cuando comienzan las “negociaciones” y los colegas se ponen de acuerdo para proteger al parlamentario en cuestión.
En caso de que el pedido corra y logren que al diputado Nicora le quiten los fueros, “a partir de ahí comenzaría el procedimiento en contra de él”, mencionó la fiscal.
“Se le notificaría la imputación, se le impondrían medidas sustitutivas, y se le investigaría el tema de las contrataciones a 262 planilleros”, agregó.
Con respecto a los 262 funcionarios que están imputados por trabajar sin cobrar, la agente expresó que los mismos se encuentran distribuidos por todo el país. “Se intentará dar con ellos, pero, si no se logra, se librará una orden de captura nacional”, afirmó Portillo.
Ricardo Nicora fue imputado por el delito de lesión de confianza, según el Ministerio Público. Se lo señala por haber contratado a operadores políticos en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) entre noviembre y diciembre de 2012, en plena interna del PLRA para las elecciones generales del año 2013.
En realidad, Nicora López Moreira contrató a 352 personas, pero el Ministerio Público imputó a 262, teniendo en cuenta que unos 90 ya se acercaron a reconocer su falta y, en algunos casos devolver el dinero percibido.
El monto total de lo abonado a los presuntos funcionarios fantasmas fue de G. 610.185.153. Todos los elementos apuntan a que Nicora pagó a sus operadores políticos con dinero de Puertos. En otras palabras, financió su campaña para ser diputado con dinero del estado.
Según explicó la fiscal, la expectativa de pena para el diputado es de cinco años, mientras que los presuntos “planilleros”, podrían ir dos años a prisión.
La fiscal añadió que quienes están haciendo una “reparación social” reponiendo el dinero cobrado, será utilizados como testigos en contra el diputado posteriormente.
El “multitudinario contrato” de Nicora ocurrió ya a finales de 2012, pero salió a luz por medio de la denuncia que hizo un sindicalista de Navegación y Puertos, de nombre José Ramón Martínez Molina. Según Nadine Portillo, la investigación ya inició antes, pero recién ahora pudieron colectar suficientes elementos.