Arzamendia, según se comprobó en el juicio, causó un perjuicio de US$ 509.610 al Estado paraguayo y por ello fue sentenciado a siete años de cárcel; sin embargo, debido a su edad, cumplirá la pena en su domicilio.

Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández probaron que el comisario retirado Arzamendia estafó a nueve funcionarios de su consulado en Buenos Aires, al disponer de gran parte de sus salarios. Adulteró sus contratos laborales para que perciban solamente entre US$ 1.000 y US$ 1.200, en vez de los US$ 2.500 que estaban presupuestados.

También se probó que Arzamendia no ingresaba al Estado el dinero percibido por las ventas de estampillas para diversos trámites consulares, configurándose de esta manera la exacción.

“Estamos conformes debido a que el Tribunal de Sentencia probó todos los hechos que fueron acusados. En ese sentido, hay que destacar que los hechos atribuidos al excónsul consistían en numerosas conductas punibles”, señaló el fiscal Fernández.