Según dieron a conocer desde el Ministerio de Salud, el ministro Antonio Barrios ya rescindió el contrato de María Piedad Toro Lezcano, quien figuraba como contratada de la cartera estatal en el departamento de Boquerón, pero que en realidad no contaba con registro profesional que la habilitara para ejercer la profesión.
Toro Lezcano había sido contratada en 2011, durante la gestión de Esperanza Martínez como titular de Salud y a pedido del Dr. Silvio Ortega, entonces director de la región sanitaria de Boquerón y actualmente imputado por irregularidades en Senepa, donde fue director general.
Para respaldar su contratación, Toro Lezcano había presentado una constancia con membrete de la Universidad Católica en la que decía ser egresada de la carrera de Medicina en esa casa de estudios. La UC remitió al Ministerio de Salud una nota en la que negaba que la misma hubiera terminado la carrera en esa universidad.
Ante esta situación, se decidió además que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud presente una denuncia contra Toro Lezcano ante el Ministerio Público. Desde la cartera de estado aseguraron que la denuncia había llegado ya la semana pasada y que se estaba esperando el dictamen para proseguir con el caso; sin embargo, el caso no salió a la luz sino hasta las publicaciones realizadas por ABC Color.
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María Piedad Toro Lezcano figura en la nómina de funcionarios contratados del Ministerio de Salud como Médico de Guardia, con la nada despreciable remuneración mensual de G. 16.009.600, suma a la que llega gracias a tres contratos y bonificaciones varias.
Además, figura en la nómina de funcionarios de la Gobernación de Boquerón. Según ese documento, Toro Lezcano ocupa el puesto de Médica de Guardia HMI, con una remuneración de G. 2.420.000, habiendo ingresado en 2013.
Es decir, mensualmente recibe un total de G. 18.429.600 en concepto de remuneraciones por parte de instituciones del Estado. Supuestamente María Piedad aspiraba a ser secretaria de salud de la gobernación del decimosexto departamento. Un nombramiento que debía darse en algunos días.
Como contratada del Ministerio de Salud, Toro Lezcano cumplía funciones en el departamento de Boquerón, más específicamente en la comunidad de Santa Teresita del distrito de Mariscal Estigarribia. De acuerdo a una serie de imágenes a las que tuvo acceso ABC Color, a la hora de firmar utilizaba un sello en el que figura que su registro profesional es el número 9724.
Es ahí donde empiezan los problemas. De acuerdo a la nómina de médicos registrados ante el Ministerio de Salud, ese registro pertenece en realidad al Dr. Juan Carlos Ozuna Miranda.
De hecho, en la lista de profesionales registrados que se encuentra en la página web del Ministerio de Salud, no figura la Dra. María Piedad Toro Lezcano. Es decir que la mismísima cartera de Estado que debería velar por la salud pública contrató como profesional médica a una persona que no estaba habilitada para ejercer la profesión.
Además del millonario perjuicio causado al Estado por el cobro indebido, se le suma el grave hecho de que una persona que no contaba con registro habilitante se estuviera encargando de la salud de las personas porque la cartera estatal encargada no fue capaz de controlar si contaba o no con los documentos necesarios.