Según el Ministerio Público, Sánchez Peña, durante su gestión como gobernador de Amambay, habría causado un prejuicio de G. 1.100 millones, durante tres meses de administración, razón por la cual soporta siete imputaciones.

El exgobernador -actualmente recluido en la cárcel de Pedro Juan Caballero- había ingresado en reemplazo de Juan Bartolomé Ramírez, quien renunció al cargo para postularse a la Cámara de Diputados por Amambay.

También fueron acusados por lesión de confianza el exsecretario del Ministerio de Hacienda, Nelson López, y el empresario Antonio Antún de Lima.

Supuestamente, el exgobernador dispuso de pago de obras y destinó dinero a comisiones vecinales, pero no quedó constancia de las inversiones, ni tampoco se vieron los resultados.

Según el comunicado del Ministerio Público, en esta ocasión, la acusación se da en base a la denuncia de la empresa perforadora de pozos artesianos Confortec SRL, por un supuesto trabajo que nunca fue ejecutado y sin ningún llamado a licitación.

Los agentes fiscales pudieron incautar de la Gobernación facturas originales por valor de G. 1.100.000.000 de la firma Confortec SRL, así como órdenes de pago, recibos de dinero y copias de cheques en concepto de construcción de pozos artesianos.