El pasado 15 de marzo, el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú había intimado a la gobernación del Ñeembucú y al gobernador Carlos Silva Medina a dar cumplimiento al Auto Interlocutorio N° 12 del año anterior, dentro de un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la ley N° 4711, que sanciona el desacato de una orden judicial. Al no cumplir el gobernador en el plazo previsto, el Tribunal envió los antecedentes al Ministerio Público.

El fiscal Federico Solano López fijó audiencia para una declaración indagatoria, el día jueves 31 de marzo. La misma no se realizó, ya que Silva solicitó la suspensión a través de su abogada Rosa Sánchez, alegando recargo de trabajo. El representante del Ministerio Público convocó a nueva audiencia para el lunes 4 de abril, pero nuevamente el gobernador Silva solicitó la suspensión con argumentos similares a la ocasión anterior.

Por su parte, el abogado Lucas Barrios, quien representa al funcionario despedido, afirmó que su defendido (un funcionario con 21 años de antigüedad) fue destituido sin que se le haya practicado ningún sumario administrativo. Indicó como señala la medida cautelar, el funcionario debe ser repuesto en el mismo cargo y con la misma remuneración. Lamentó que el gobernador Silva incumpla el mandato de la justicia, expresando "una persona que no cumple una orden judicial debe ser procesada por desacato".

La abogada Rosa Sánchez, representante legal del Gobernador Carlos Silva, no quiso aún formular declaraciones a la prensa, manifestando estar muy ocupada con los trámites del caso, y que lo haría más adelante. Otros 5 funcionarios más con antigüedad habían sido despedidos por el gobernador, simultáneamente con don Ismael Sosa y están en el mismo proceso.