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Apenas introducida en el inmueble, la maquinaria comenzó a cosechar los granos de soja. Al caer la tarde se completó la recolección en unas 130 hectáreas aproximadamente; la venta de esos granos permitirán un ingreso cercano a los 300.000 dólares.
Los granos de soja pertenecen a la empresa Sienna SA y el producto de la venta debió ingresar en sus arcas, no en bolsillos ajenos que es precisamente lo que sucederá gracias a la vergonzosa intervención del comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo Cáceres.
El inmueble donde cultivó Sienna SA se encuentra en la compañía Yaku'i Guazú, distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa. En este punto llegó una dotación de 150 efectivos policiales para permitir a Agro Silo Santa Catalina SA, integrante del Grupo Favero, cosechar los granos que no le pertenecen.
En la siesta de ayer, los agentes policiales agredieron con una violencia inusitada a 14 empleados de Sienna SA que se congregaron en el camino de acceso al campo cultivado.
Aparte de los 150 efectivos que ya estaban allí, al caer la noche llegaron otros 100 policías antimotines en carácter de refuerzo. Se tendrán 250 policías para controlar a 14 empleados, todos ellos ya garroteados en la tarde de ayer.
El comandante de la Policía Nacional asumió la responsabilidad personal de ordenar el despliegue de fuerzas en respaldo al Grupo Favero: no comunicó al Ministerio del Interior y tampoco dispuso de informe legal previo de la asesoría jurídica de la institución.
Las cosechadoras trabajaron hasta caer la tarde y hoy seguirán su tarea. El objetivo es tomar 2.700 toneladas de granos de soja, que equivalen a 2,5 millones de dólares aproximadamente. Sin duda alguna, mucho dinero.
Un monto que genera codicia en cualquier usurero.
El atropello cometido en la tarde de ayer refleja fielmente el nivel de podredumbre de la justicia paraguaya: no existe Estado de Derecho y el marco jurídico de la República es un reflejo bastardo de leyes que se venden al mejor postor.
Cualquier delito puede tener visos de legalidad de la mano de un juez. Esto es precisamente lo que sucedió en Itapúa: el martes último, la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, del juzgado civil del quinto turno de Asunción, anuló una medida cautelar dictada por la jueza Mafalda Cámeron Luque, también de primera instancia del fuero civil, en favor de Sienna SA.
Es un despropósito absoluto que un juzgado de primera instancia anule la sentencia de otro juzgado similar. Esa atribución es competencia exclusiva del tribunal de apelación.
La Policía Nacional, por orden directa del comisario Críspulo Sotelo Cáceres, entró y arrasó con las personas que encontró a su paso en Yaku'i Guazú. Eran 14 personas, varias de ellas ancianas, que fueron objeto de apremios ilegales por parte de los uniformados.
Las cosechadoras deben trabajar con la mayor celeridad posible para sacar todo el grano que se pueda. Dada la manifiesta ilegalidad del mandato de la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, no se quiere correr el riesgo de suspender el saqueo.
La codicia está llevando al extremo a la Comandancia policial: a las 12.17 de ayer miércoles, el juzgado de feria de Encarnación, a cargo de la jueza Rossana Verón de Arca, impuso una medida cautelar en favor de Sienna y ordenó a la policía el resguardo de la firma.
Sin embargo, a las 14.15 comenzó la represión y el ingreso de maquinaria a la finca de los Raiter. Casi dos horas antes, la comandancia policial ya tenía la orden de parar su intervención en favor del Grupo Favero. Críspulo Sotelo Cáceres no cumplió el mandato judicial y siguió el juego de su conveniencia.
Este atropello nunca habría tenido éxito sin la cobertura del senador por ANR Oscar González Daher y su participación en todo este proceso esta también ligado a su esposa, escribana Nélida Chávez.
Marino Raiter presentó denuncia ante el Ministerio Público contra la escribana Nélida Chávez, sosteniendo que es responsable de la falsificación tanto de su firma como de su esposa. Esta maniobra ilegal permitió el montaje de hipotecas en favor del Grupo Favero en perjuicio de los Raiter.
El dictamen 353/15 de la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público confirmó que la firma del matrimonio Raiter fue falsificada.
Este año la pareja no pudo cultivar granos ante embargos planteados por el Grupo Favero y optó por arrendar la finca a Sienna SA. Al final, se robaron granos que pertenecen a una tercera persona.
Ayer fue un día vergonzoso para la justicia y la Policía Nacional de nuestro país.