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Para el fiscal que encabeza la investigación contra Víctor Bogado en el marco de su proceso por el caso “niñera de oro”, afirmó que lo declarado por la diputada Celeste Amarilla es “categórico”, y confirmó de manera contundente que fue Víctor Bogado quien llamada “insistentemente y en forma reiterativa”, al entonces titular de la Itaipú, Franklin "Anki" Boccia (+), a pedirle que contratara a Gabriela Quintana, más conocida como la “ñiñera de oro”.
Es más, el investigador añadió que incluso Bogado designó a una persona, que era la encargada de presentarse en las oficinas de Itaipú e “insistir con el pedido” de contratar a Quintana.
Otro elemento que permite al agente Fernández ir cerrando los cabos de la investigación, tiene que ver con que en ese mismo tiempo, Gabriela Quintana prestaba servicios dentro del gabinete de Víctor Bogado en el Congreso. “Este gabinete es la antesala de la oficina del señor Bogado, por lo tanto tenemos demostrado que él sabía claramente que (Quintana) era una persona designada en Cámara de Diputados”, puntualizó el agente del Ministerio Público.
En el marco de la audiencia realizada este jueves, el tribunal compuesto por los magistrados Víctor Medina, Juan Carlos Zárate y Elio Rubén Ovelar, se trasladó hasta el Congreso Nacional, donde escuchó la declaración de la diputada Celeste Amarilla, testigo clave por ser la viuda de “Anki” Boccia, fallecido extitular de la Itaipú Binacional.
Además, declararon Wildo Almirón, exfuncionario de Itaipú y Magnolia Mendoza, directora jurídica de la Itaipú, esposa del titular del Congreso Silvio Ovelar (ANR, Añetete).
René Fernández aclaró que la discusión tiene que ver con “la vigencia de la ley 700/96 que regula la prohibición de doble remuneración”.
La Fiscalía sostiene que la ley 700 es una ley nacional vigente, que también rige para los funcionarios de la Itaipú. “Si consideran que no rige, se requiere una declaración de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó el fiscal.
Mañana viernes continuarán las declaraciones, y los acusados decidirán si declaran o no. En caso de que no quieran hacerlo, se pasaría directamente a los alegatos, “Ya todas las pruebas fueron producidas solo nos queda explicar la demostración de los hechos y pedir las penas”, dijo el investigador.