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También fue procesada la exministra María Lorena Segovia. En el marco de la investigación se indica que la lesión se configura porque ambos ministros tenían la obligación de proteger el patrimonio. El proceso es por la firma "innecesaria" de un contrato para la elaboración de un "modelo de centro penitenciario" cuando ya se contaba con otro.
La fiscala de Delitos Económicos, Victoria Acuña, imputó a los exministros por un supuesto daño patrimonial de G. 4.950 millones, a raíz de la adjudicación a una empresa privada de la realización de una consultoría, dentro de la elaboración de un modelo de centro penitenciario (cárcel de Emboscada) que la Cooperación Española elaboró ya en el año 2000.
La firma Consultora de Compañía de Ingenieros Asociados CIA S.A. salió adjudicada por el monto total de G. 11.250.000.000 (G. 4.950.000.000 en concepto de consultoría y G. 6.300.000.000 por la fiscalización de la construcción de la obra).