Fotomultas desde el 2015

La aplicación de las tecnologías previstas por la Patrulla Caminera incluye a las fotomultas como parte de las multas electrónicas, que serán implementadas desde el 2015, según el director de la institución, Luis Christ Jacobs.

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La promulgación de la Ley 5.016, “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, requerirá la aplicación de tecnologías como sistemas de filmación, fotomultas y radares de última generación y la Patrulla Caminera ya adquirió algunos de estos implementos entre ellos 8 radares, 17 alcoholímetros y los implementos necesarios para la aplicación de las multas electrónicas.

En conversación con la 780 AM, el director de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs informó que desde el 2015 las fotomultas serán nuevamente aplicadas, aunque con parámetros bien clarificados en cuanto a jurisdicciones, lo que años atrás motivó una declaración de inconstitucionalidad en su aplicación.

Aunque no especificó una fecha exacta de entrada en vigencia señaló que "la idea es instalar desde el próximo año. Los inconvenientes que tuvieron en Ypacaraí y Ñemby ya fueron aclarados en la nueva ley", dijo el Christ.

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Aclaró que en lo concerniente a la institución a su cargo -dependiente del MOPC- instalarán tecnología de punta evaluada internacionalmente y a nivel local antes de ser implementadas. "Para evitar malentendidos deben tener certificación internacional de fábrica y de homologación del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)", aclaró en relación a la fidelidad de estos equipos al determinar los niveles de velocidad.

Indicó que las fotomultas son sólo una parte de las multas electrónicas que entrarán en vigencia con la nueva normativa: "Vamos a desechar las multas a mano por equipos que van a emitir las multas de forma electrónica con un código de barras con información sobre la forma de pago y otros puntos", señaló.

Las fotomultas -que ya regían en nuestro país a partir de 2009 a través de la empresa Sertran- fueron suspendidas en 2010, teniendo en cuenta que eran aplicadas por municipalidades en jurisdicción de la Caminera, además de denuncias de irregularidades en torno a ella. Esta cesación fue ratificada ya en 2012 por la Corte Suprema de Justicia, confirmando su inconstitucionalidad.

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