El legislador colorado señaló que, tras este procedimiento, el titular de la Cámara Baja debe remitir el libelo a las respectivas comisiones para que las mismas den su veredicto y luego poner a consideración del pleno en sesión. Durand estima que el tiempo de estudio por parte de las comisiones se extendería por un periodo de una o dos semanas para luego llevar el pedido a votación.

El juicio es impulsado por 12 diputados y, según Durand, coincide con el pedido unánime de la ciudadanía y, por sobre todo, con los elementos en contra del contralor, manejados tanto por el Ministerio Público como por la Secretaría de la Función Pública por el mal uso de recursos públicos, específicamente en el caso de la secretaria Liz Paola Duarte Meza, quien fue beneficiada con millonarias asignaciones mensuales en concepto de horas extras.

Según el diputado colorado, el pedido no tiene relación alguna con el momento político actual. "No podemos evitar lo que nos manda la Constitución y más aún cuando tenemos elementos probatorios; la Cámara tiene que dar una señal de no a la impunidad, esto va a ser una puja entre quienes quieren dar señales contra la impunidad y quienes no. Luego se analizará quiénes pueden ocupar el cargo", afirmó a ABC TV. 

En cuanto a la posibilidad de recuperar el dinero defraudado al Estado, el parlamentario aclaró que eso queda en manos del Ministerio Público, atendiendo a que el Congreso tendrá a su cargo analizar la gestión del funcionario, cuando se produce una falta de idoneidad o incurre en mal desempeño de sus funciones, como causales de un juicio político, por lo tanto la situación penal corre por cuenta de la Fiscalía.