El gremio ganadero refiere que la inundación que afecta aún hoy al Chaco es por completo atípica ya que aproximadamente 2.000.000 de hectáreas fueron cubiertas, aproximándose al área afectada durante el mismo fenómeno, ocurrido en 1979.
La ARP refiere que el 95% de la aguas del río Pilcomayo ingresaron a territorio paraguayo después de más de 20 años, como resultado de los trabajos realizados por la Comisión Nacional del Pilcomayo y de la colmatación de los canales argentinos.
“Los productores incluidos en la imputación son miembros de la Asociación Rural del Paraguay. En dicho carácter integran ad honorem la Comisión Nacional del Pilcomayo, dedicada por entero a recuperar la soberanía del Paraguay sobre el caudal del Pilcomayo que le corresponde a nuestro país”, refiere el comunicado.
Los ganaderos refieren que la situación que afecta al “constituye una emergencia natural de características inhabituales, difícil de predecir y, una vez desatada, imposible de evitar en sus efectos destructivos”
Señalan además que no existe población alguna asentada sobre las rutas internas de los establecimientos aludidos, que pudiera haber estado en peligro por las crecidas.
“Con frecuencia hemos escuchado o leído sobre la existencia de ‘represas’ en algunos de los establecimientos y que no son sino caminos internos construidos, como queda señalado más arriba, entre 1966 y 1980, como parte de la infraestructura de producción”, explican.
Igualmente manifiestan que no existe un Plan Nacional de Recursos Hídricos ya que en junio de 2007 fue promulgada la ley 3239 de los Recursos Hídricos del Paraguay.
Ella dispone la elaboración de un Plan Nacional de Recursos Hídricos, asignando a la SEAM la ejecución del mismo y, a cinco años de la promulgación, el ente no ha cumplido con el mandato.
“Es altamente improbable que tanto la SEAM como la fiscalía puedan evaluar objetivamente, y con ajuste al instrumento técnico exigido por la ley, cualquier daño ambiental”, explican.
Una comitiva encabezada por el presidente de la ARP, Germán Ruiz, y el asesor legal, Raúl Antola, dijo al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que no existe causa para sostener la imputación contra los ganaderos Juan Néstor “Tito” Núñez, José Daniel Casamada y Artur Niedhammer.