Para el cobro de dos cheques, por valor de G. 29.880.000 y de G. 42.400.000, se habrían adulterado las firmas que endosaron los documentos bancarios. El dinero era para obras sociales que fueron gestionadas en 2013 por el reelecto concejal departamental, el liberal José Faría.

Además, los recursos no llegaron en su totalidad a las comunidades que tenían que beneficiar. Los cheques en cuestión salieron a nombre del dirigente político colorado Óscar Gutiérrez, ya que se utilizaron sus facturas para tramitar el desembolso del dinero durante el periodo de transición entre el gobierno departamental de Magín Lichi y de Rodolfo Friedmann, salió a la luz la irregularidad y se denunció ante el Ministerio Público.

Las investigaciones se encuentran a cargo del fiscal de Villarrica Bernardo Elizaur. Una pericia caligráfica comprobó que la firma en los cheques no correspondía al titular de las facturas, Óscar Gutiérrez, por lo que las sospechas se trasladaron hacia su contador, el también referente del PLRA Eusebio Silva y hacia el concejal departamental José Faría.

La pericia no pudo determinar quién realizó la firma, pero concluyó que el número de cédula y la aclaración las realizó el contador. La prueba caligráfica también indica que tanto la firma como la aclaración y el número de cédula en los cheques se asentaron con el mismo bolígrafo y en el mismo momento.

El fiscal Elizaur imputó al concejal José Faría y al contador de Gutiérrez por el delito de producción de documento no auténtico. José Faría confirmó que fue él quien cobró los cheques en cuestión, pero aseguró que las firmas fueron falsificadas por Eusebio Silva.

Aseguró además que, con relación a los G. 29.880.000, tuvo que entregar G. 5 millones al contador para cubrir “supuestos” gastos administrativos, según afirmó el concejal. Por su parte, Eusebio Silva deslindó responsabilidad afirmando que la falsificación la realizó el político liberal y también denunció que el concejal se dedicaba a realizar este tipo de gestiones a fin de conseguir beneficios propios.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también tomó intervención para investigar la irregularidad en la forma en que se gestionó la ayuda social. Está pendiente un dictamen de este órgano para determinar si existió malversación de fondos para luego presentar una eventual imputación por lesión de confianza, expresó el fiscal Elizaur.

En este último caso estarían involucrados también el exgobernador de Guairá Magín Lichi y su administrador Gerardo Gavilán. El cheque de G. 29.880.000 era para la construcción de un pozo artesiano en la zona de Yhovy.

El otro cheque, el de G. 42.400.000, era para la construcción de una capilla en la zona de Tacuarita. Ambas comunidades están en la jurisdicción de Villarrica y la fiscalía comprobó que efectivamente se realizaron las obras, aunque se sospecha de la existencia de una sobrefacturación.

La fiscalía solicitó otra pericia caligráfica, pero en esta oportunidad como prueba anticipada al juicio oral y público que podrían afrontar el concejal departamental de Guairá José Faría y el contador guaireño Eusebio Silva. El concejal Faría es defendido por el exdiputado por el PLRA, el abogado Cesar Marcelino “Taqui” Garcete.