A través de una nota remitida al Consejo de Superintendencia, la Corte Suprema de Justicia solicitó la apertura de una investigación al abogado chileno Francisco Segura Riveiro, quien además de ser defensor del “mecánico de oro”, Miguel Carballo, se desempeña como asesor de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
El documento refiere que, en base a la publicación periodística de ABC Color de este martes, se pretende determinar la presunta incompatibilidad o no de Segura Riveiro para ejercer como defensor de Carballo.
Conforme a lo establecido en el Artículo 4º de la Ley Nº 609/95, los antecedentes fueron remitidos a la Oficina de Quejas y Denuncias para un primer registro. Posteriormente el expediente se derivará a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia.
Recordemos que el abogado que defiende a Miguel Carballo, el “mecánico de oro”, demandando el cobro de un cheque de G. 2.200.000.000, es al mismo tiempo abogado del senador colorado Víctor Bogado y, desde el 2010, asesor de la Corte Suprema de Justicia, así como también del Consejo de la Magistratura.
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En estas condiciones, y teniendo en cuenta el Código de Organización Judicial, el abogado tiene prohibición de ejercer abogacía, pues es juez y parte. El jurista cayó en sucesivas contradicciones cuando se le consultó si era el defensor de Víctor Bogado. Sin embargo, los hechos demuestran que ejerció la defensa de político durante el año 2013. Tampoco supo definir si el monto del cheque reclamado corresponde a fondos de Carballo o del propio Víctor Bogado.
Cuando Segura Riveiro defendía a Bogado, el letrado ya era asesor de la Corte Suprema de Justicia, en un momento en que se debatía jurídicamente la situación procesal de Bogado.
El chileno está además casado con una jueza, hija de Florentín López Cáceres (extitular del consejo de la Magistratura).
Segura inició la demanda por el cobro de un préstamo que supuestamente otorgó Carballo a una persona del ámbito político. El préstamo fue en dólares, al contado y en efectivo. La tasa, también en dólares, solamente comparable a la usura al más alto nivel: De 2,8% mensual más intereses punitivos de 0,50% según contrato.
La deuda inicial fue de USS 300.000 (más de G. 1.000 millones en el momento); este monto terminó convertido en G. 2.200.000.000 según el cheque que se presentó ante la justicia. La jueza Rocío González hizo lugar a la demanda de Segura y ordenó trabar el embargo sobre el sueldo del deudor. Además, la jueza agregó al monto exigido la cantidad de G. 220.000.000 en concepto de gastos de justicia.