El presidente de la Junta Municipal, concejal Ramón Gilla Navarro, recordó que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Comuna de esta ciudad en diciembre pasado.
La máxima instancia judicial declaró inconstitucional la ley, actualmente suspendida hasta junio de este año, que cercenaba las atribuciones del municipio y otorgaba la potestad de habilitar talleres a la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama) y a la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran).
Recordó que la Junta Municipal adjudicó en el 2012 el servicio a la empresa Yhaguy hasta que se pueda llamar a licitación. La obligatoriedad, en el marco de la competencia, es para las unidades del transporte público interno, a los taxistas y a los transportes escolares, no así para los rodados de uso particular.
La ordenanza vigente es la N° 09/2012 que crea el Sistema Municipal de Inspección Técnica Vehicular. Establece la obligatoriedad de la realización de los controles como requisito para obtener y renovar la patente de los rodados.