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Gilberto Penayo —defensor de la familia de Viviana Paredes, la niña que falleció en el operativo erróneo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en junio de 2016— manifestó a través de ABC TV que no correspondía hacer lugar al incidente presentado por uno de los acusados, lo cual derivó en la suspensión del juicio oral y público.
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Los acusados por el trágico hecho son: Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, Ignacio Alcides Sosa Pineda, Luis Ángel Servián Rotela y José Domingo López Orrego. También están procesados por homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de cómplices José del Rosario Sánchez y Emilio José Vall.
"Realmente nosotros creemos que no se le hubiese dado trámite al incidente planteado, porque el artículo 50 del Código Procesal Penal establece taxativamente las causales de excusación o recusación de los magistrados. En este caso, uno de los acusados manifestó que perdió completamente la confianza en sus abogados y alegando eso pidió la recusación del tribunal en pleno", manifestó Penayo.
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Agregó que el artículo 106 del Código Penal establece que no se puede renunciar ni apartarse de la defensa durante las audiencias. Consideró llamativo que esta "pérdida de confianza" se dé al inicio del juicio oral después de haber pasado las dos etapas del procedimiento: la investigativa y la audiencia preliminar.
En ese sentido, sostuvo que aguarda la pronta resolución del Tribunal de Apelación de San Lorenzo para que de una vez se dé inicio al juicio oral y público. "Esperemos que se dé lo más rápido posible, porque creemos que es totalmente improcedente", insistió.
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El lamentable suceso que tuvo como víctima a la niña de tres años ocurrió el 18 de junio de 2016 en un confuso procedimiento que realizaron agentes de la Senad en busca de narcotraficantes. La menor recibió un balazo en la cabeza que posteriormente acabó con su vida.