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Es fundamental que la misma se lleve a cabo este año, debido a los plazos procesales y principalmente porque la comunidad Cuyabia sigue esperando justicia, comentó el abogado querellante, Maximiliano Mendieta.
La audiencia estaba fijada para este jueves 28 de noviembre y debía realizarse en el Juzgado de Garantías Nº 9, a cargo de la jueza Griselda Caballero. Los acusados son Rubén Darío Quesnel, la compradora Julia Beatriz Vargas Meza y la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro.
La Fiscalía está representada por la fiscala Alba Delvalle y la querella adhesiva por los abogados de la comunidad: Maximiliano Mendieta, Julia Cabello y Óscar Ayala.
La primera audiencia fue fijada para el 9 de noviembre pasado, pero fue suspendida teniendo en cuenta el pedido de Quesnel, quien había cambiado de abogado. Por segunda vez, la audiencia fue suspendida ayer, tras el pedido de la fiscala Alba Delvalle.
La audiencia preliminar es de vital importancia, atendiendo a que permitirá avanzar en el caso determinando los derechos fundamentales que fueron violados en detrimento de la comunidad indígena Cuyabia, acotó el letrado.
Asimismo, la audiencia determinará los hechos punibles cometidos y si la causa se eleva o no a juicio oral y público.
La Constitución paraguaya, además de otros tratados internacionales, protege los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la justicia no debe retardarse. La comunidad Cuyabia requiere urgentemente que sus tierras les sean devueltas y que las personas que han atentado en contra de ellas sean juzgadas.
Este caso es de especial preocupación para el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que ya ha manifestado su profunda preocupación al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos fundamentales de los indígenas.
En noviembre de 2012, Quesnel vendió la finca 10.245, donde habita la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo. La transferencia del inmueble se hizo en G. 1.250 millones (G. 50.000 la hectárea) a favor de Julia Beatriz Vargas Meza. Según una investigación de ABC Color, la compradora sería prestanombres de la empresa Agrofértil, que pertenece a una familia de empresarios brasileños de apellido Sarabia.
La transacción fue concretada por un valor inferior al 10 por ciento del valor real del mercado y además viola las disposiciones del artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
La fiscala Alba Delvalle imputó por lesión de confianza a Quesnel, a Vargas y a la abogada Carmen Orlandini, del Indi, en carácter de cómplices.
Quesnel ya se encuentra en la penitenciaría de Tacumbú en un proceso abierto por lesión de confianza y apropiación, tras la desaparición de G. 3.100 millones que debían ser destinados a comunidades indígenas.