Fueron "beneficiados" con la resolución judicial los aduaneros Juan Aristides Giménez Ortega, Osvaldo César Palacios Cabral y Sergio Raúl Romero Santacruz.
El juez Hugo Sosa Pasmor igualmente declaró extinta la acción penal en la presunta causa relacionada a los citados funcionarios y deja sin efecto todas las medidas cautelares dispuestas en la presente causa.
Consultado sobre la decisión, el magistrado nos sugirió hablar con la fiscala de la causa, Abog. Carmen Gubetich de Cattoni, teniendo en cuenta que fue la que solicitó el sobreseimiento definitivo.
Consultada, la agente fiscal admitió que realizó el pedido correspondiente al juez, pero se excusó a explicar telefónicamente los argumentos de la decisión.
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No obstante, en el Auto Interlocutorio, el juez señala que "no se encuentran elementos de prueba que lleven a esta magistratura a la convicción de la existencia del hecho punible en cuestión".
Agrega que esa "falta de convicción deriva de la declaración indagatoria como asimismo de otras diligencias que fueron realizadas por el Ministerio Público, elementos que no han podido ser desvirtuados por la representación fiscal encargada de la investigación".
Este caso se remonta al año 2014, cuando se descubrió que Paraguay se habría convertido en los últimos años en un gran mercado de vehículos robados en Europa, preferentemente España y Portugal, y de Sudamérica, específicamente Brasil y Argentina.
Según las investigaciones periodísticas, desde el viejo continente vienen embarcados en gigantescos contenedores. Algunos incluso cuentan con visto bueno del Consulado paraguayo, mientras desde los países vecinos ingresan por la frontera con Foz de Yguazú.
Ese año, la Interpol había informado que manejaba una lista de al menos 200 rodados sustraídos en Europa y que fueron comercializados y nacionalizados en Paraguay. La sospecha es que existe una rosca integrada por funcionarios de Aduanas, del Registro Único del Automotor (RUA), despachantes, inclusive funcionarios de consulados.