Segovia indicó que la revisión debe ser analizada en el Congreso y recordó que actualmente avanza una mesa de trabajo para una reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal.
“Es fundamental rever la situación jurídica respecto a la prisión preventiva. Y bueno, en ese sentido hay muchas posiciones respecto a que realmente debe permanecer en el ámbito de la decisión del juez y no obligarlo con relación a una disposición legal sustrayendo en el ámbito de la competencia la necesidad o no de dictar una prisión preventiva”, dijo la defensora general esta mañana en ABC Cardinal.
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La Constitución establece que la prisión preventiva solo debe ser dictada cuando es indispensable para las diligencias de un juicio (Art. 19). Además, el Art. 242 del Código Procesal Penal detalla que se debe decretar únicamente cuando hay peligro de fuga u obstrucción de la investigación.
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Sin embargo, en el 2004 se modificó el Art. 245 del Código Procesal y se prohibió a los jueces otorgar medidas alternativas a la prisión a los procesados por hechos punibles que tienen una expectativa de pena mayor a cinco años de prisión, los tipificados como crimen.
Es por ello que todo imputado por hechos como hurto y robo agravado, homicidio, lesión grave, violación sexual, etc., por la simple sospecha ya son remitidos a la cárcel a la espera de un sobreseimiento o un juicio. Además, desde el 2015 los casos de violencia familiar, y desde el 2018 los de abuso sexual infantil, ya se tipifican como crimen y tampoco se les pude otorgar a los imputados medidas alternativas a la prisión.
Escuchar parte de la entrevista:
“(La prisión preventiva) es una de las causales de hacinamiento en las penitenciarías”, dijo la Lorena Segovia. Sostuvo que desde la Defensoría Pública mantendrán la posición de cambiar la política criminal para evitar el abuso de esta medida cautelar.