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Buscan reactivar educación indígena en el Chaco

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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FILADELFIA. Una mesa técnica del Ministerio de Educación busca reactivar la escolaridad en comunidades ayoreas. Ayer se hizo una reunión con docentes que habían abandonado las aulas parcial o totalmente este año.

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Varios docentes de las escuelas ayoreas que no dieron clases este año fueron convocados para ser escuchados y dar su descargo.

“Admitieron su responsabilidad y están disponibles para ser desvinculados del sector”, dijo César González, director de Educación Indígena del MEC. Se trata de 14 docentes de siete escuelas ayoreas, que están bajo la lupa por dejar de enseñar parcial o totalmente este año.

Una mesa interinstitucional conformada para tratar el tema busca ahora con las comunidades nuevos docentes bachilleres y de esa manera reencauzar la escolaridad en las comunidades. El abandono de los docentes, muchas veces, se dio por compromisos económicos asumidos, que les fueron descontados de sus salarios en forma “automática” por el BNF.

González afirmó que se trata de un “proceso bastante complejo”, son muchas empresas, que no tienen nada que ver con el MEC, son de las asociaciones y sindicatos.

El MEC acordó con el BNF “blindar por lo menos unos  G. 500.000 de sus salarios, que cada docente pueda cobrar, porque anteriormente ni eso cobraban. Ahora tienen blindados G. 500.000, por lo menos, digamos”, dijo González.

La escolaridad indígena no es solo un problema en comunidades ayoreas y tiene varias razones. En Filadelfia, donde viven más de 9.000 indígenas, muchos niños no tienen acceso a la escuela. En la comunidad urbana Uje Lhavos, por ejemplo, existen más de 900 niños, 300 de los cuales no van a la escuela por falta de infraestructura. Recientes ampliaciones se hicieron solo por iniciativas locales, ya que el MEC aquí está totalmente ausente.

González admitió que por mucho tiempo el MEC dejó de lado al sector indígena. Afirmó que el proyecto de construir a partir de 2018 casi 250 instituciones, con recursos de Fonacide, beneficiaría también a algunas comunidades.

Además, está en proceso el proyecto “canje por deuda”, con la construcción de 50 aulas en diferentes comunidades. “El sector educativo nunca tuvo una política de infraestructura y recién ahora se está viendo, gracias también a las gobernaciones y municipios, que también están construyendo, pero todavía es insuficiente. Sabemos que todavía hay precariedad, pero estamos priorizando”, se intentó consolar César González.

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