“En realidad son dos mensajes: el primero, que la caza ilegal de animales silvestres no puede quedar impune y que las consecuencias son bastante importantes por derivación. En segundo lugar, gracias a la participación de la gente podemos nosotros capitalizar esa participación en beneficio de la protección de los recursos naturales”, indicó Hugo Cañiza resaltando tanto lo ejemplificador de la multa y del hecho de que la denuncia llegó gracias a la ciudadanía a través de las redes sociales.

Lea más: Multan al hombre que despellejó vivo a un teju

“Con esto lo que lanzamos es un mensaje directo a los cazadores ilegales de que vamos a aplicar la ley o estamos haciéndolo de manera muy importante y que se abstengan de aprovechar de manera irregular estas especies”, insistió, y mencionó que en este caso incluso no se aplicó la sanción más dura.

“Parte de las diligencias que hicimos contribuyeron a que no le apliquemos el máximo de la responsabilidad porque la gente estaba cuestionando el por qué tanto se le aplicaba a un teju. Estamos hablando de una especie en este caso teju guasu hû, (...) la especie estaba bajo protección y de ahí la importancia de la respuesta administrativa y por otro lado el proceder cruel en el proceso de aprovechamiento de la especie también hizo que tengamos que elevar la responsabilidad”, comentó.

Hay que tener en cuenta que la crueldad es un agravante y además hay que conocer las especies protegidas. En este caso la multa “podía haber sido más, podía haber sido 200 millones más. Si hubiera sido una especie en peligro de extinción la sanción al menos tuvo que haber sido el doble”, expresó.

Otro agravante es la crueldad advierten, pero no es lo único que se sanciona, sino también el tipo de especie, por la falta de registro y autorizaciones (administrativa) respecto a permisos para cazar elementos silvestres y el método de caza utilizado. “No es que te vas a cazar como se te ocurre, hay métodos, prácticas y elementos de caza”, destacó.

“Con ayuda de la Fiscalía encontramos a esta gente, la Dra. Martha Leiva nos ayudó mucho con este tema que tiene a su cargo la causa penal, pudimos individualizar a esta persona. Dentro del sumario esta persona admitió los hechos y se sometió a este proceso que derivó en la sanción de alrededor G. 400 millones en el marco de nuestro proceso administrativo”, explicó.

Adelantó que los infractores están obligados a pagar la multa y de no hacerlo se plantea la posibilidad de recurrir incluso al embargo de bienes.