OEA apoya ley de “extinción de dominio”

El experto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA) Dennis Cheng Li dio su apoyo al proyecto legislativo que se elabora para decomisar bienes relacionados con el narcotráfico.

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“Desde la solicitud que hizo el Congreso de Paraguay a la OEA nosotros vemos muy bien ese proyecto y por supuesto que estamos apoyándoles en el desarrollo y la creación de ese tipo de organismos”, remarcó Cheng ante la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Senado.

Del encuentro también participaron miembros de otras Comisiones Asesoras de la Cámara Alta y de la Cámara de Diputados para escuchar las sugerencias de ajustes y modificaciones para una eficaz aplicación de la ley de extinción de dominio que posibilita el decomiso especial de bienes relacionados con el crimen organizado.

La ley llamada de “Extinción de dominio” busca permitir que la Justicia incaute dinero, inmuebles y otras pertenencias que sean fruto del narcotráfico a cualquier persona que esté imputada por hechos relacionados con este negocio ilícito. El proyecto prevé que el dinero y bienes intervenidos sirvan para programas de rehabilitación de drogodependientes.

Las tendencias y las recomendaciones internacionales van vinculadas al debilitamiento de la parte financiera o patrimonial de las organizaciones criminales, según dijo Cheng. “Por lo tanto, en esta lucha contra el crimen organizado algunos países han optado por la creación o desarrollo de figuras como el decomiso especial, decomiso autónomo, extinción de dominio, que al final vienen siendo lo mismo”, indicó.

Agregó que estas figuras jurídicas tratan de debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales y se pretende que sean autónomas del proceso penal para ganar en eficacia. El senador Arnaldo Giuzzio, vicepresidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, señaló que el proyecto de ley en estudio se basa en un proyecto modelo de extinción de dominio que ya fue sustentado originalmente por la OEA en otros países.

“Lo que se establecería con este proyecto de ley es el procedimiento que debe darse para llegar a desapoderar a un ciudadano de sus bienes a través de un proceso, y los presupuestos” necesarios para ello, así como de la creación de una institución específica que se encargue del tema, refirió Giuzzio. “Esa es la gran diferencia. Porque la confiscación es arbitraria, en cambio este sistema lo que establece es presupuestos que deben cumplirse necesariamente para que se dé el traslado de ese bien al Estado paraguayo”, apuntó.

El proyecto de ley de extinción de dominio surgió a propuesta de representantes de los tres poderes del Estado que se reunieron con el presidente paraguayo, Horacio Cartes, para adoptar nuevas medidas contra el narcotráfico tras el asesinato del periodista Pablo Medina.

Corresponsal del diario ABC Color y conocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico, Medina fue asesinado en octubre cuando viajaba en automóvil con su acompañante Antonia Almada, quien también perdió la vida en el atentado. El crimen provocó una fuerte indignación ciudadana y destapó la posible existencia de una red de “narcopolítica” en Paraguay.

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