Diputada reconoce que pagó US$ 200.000 por su banca

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) confirmó ayer en la sesión de la Cámara Baja que tuvo que pagar US$ 200.000 en las internas liberales para poder obtener una banca. Aseguró que su partido le ninguneó durante muchos años solo "por no tener dinero".

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“36 años (de militancia política) después, mi partido descubrió que yo era capaz, que yo podía ocupar una banca, porque tenía 200.000 dólares para pagar las internas, esa es la verdad”, manifestó la llanista Celeste Amarilla durante la sesión de anoche en la Cámara de Diputados.

La liberal habló para defender el artículo referente a la paridad dentro del proyecto de desbloqueo de listas sábana y aseguró que a las mujeres no se les da espacios en los partidos. “No es cierto que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades”, aseguró.

Relató que durante 12 años en el PLRA creyó que por sus propios méritos podría llegar lejos, por su militancia y trabajo, pero luego se fue dando cuenta de que “fue una mentira”.

“Nunca se me dio mi lugar en el partido, hasta que mi marido falleció y yo tenía la plata para pagar una interna. Esa es la verdad. Porque si mi esposo no hubiera muerto, él hubiera sido el parlamentario”, consideró. Su marido, Franklin Boccia, falleció en setiembre de 2015, a consecuencia de un paro cardíaco.

La diputada por capital llegó al Congreso con el respaldo del senador Luis A. Wagner. Boccia fue titular de la Itaipú y Víctor Bogado había intentado deslindar responsabilidades en el caso de la "niñera de oro" echándole la culpa al fallecido por la doble asignación de Gabriela Quintana

“Nunca se me dio mi lugar en el partido, hasta que mi marido falleció y yo tenía la plata para pagar una interna. Esa es la verdad. Porque si mi esposo no hubiera muerto, él hubiera sido el parlamentario”.

En 2010, Amarilla era representante de Nutriguay SRL, que fue adjudicada para la provisión de una bebida láctea con 80% de leche para la merienda escolar, por un monto de G. 6.746 millones. Esta firma anteriormente se denominaba Masily del Paraguay SRL y ya proveyó de dichos productos años antes.

La adjudicación fue cuestionada porque no se cumplió lo establecido por la Ley de Contrataciones Públicas, ya que no se contaba con un dictamen del Comité de Evaluación. Según los documentos, la adjudicación ya se realizó antes de que se conozca incluso el análisis de las ofertas.

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