El tribunal el pasado 11 de julio emitió penas de entre cuatro y 30 años de prisión para los acusados. La interpelación será presentada en el juzgado de la ciudad de Salto de Guairá, perteneciente al departamento de Canindeyú, donde tuvo lugar la matanza que posteriormente provocó la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Esta interpelación es la primera instancia de recurso en el proceso judicial paraguayo y servirá para “estudiar el contenido de la sentencia” por parte de ese tribunal, explicó a Efe Marcos Shirakawa, uno de los abogados de la defensa.

Añadió que la Justicia paraguaya contempla la posibilidad de presentar un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay como una segunda y última instancia de interpelación. En el juzgado de Salto de Guairá se espera la presencia de familiares y colectivos civiles que denuncian irregularidades en el juicio y piden la nulidad del proceso.

La matanza de Curuguaty se refiere al operativo que varios centenares de policías especializados realizaron para desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integraran a la reforma agraria. En el desalojo murieron once campesinos y seis policías.

El pasado 11 de julio, once personas fueron condenadas a penas de entre cuatro y 30 años de prisión por las muertes de los seis policías, mientras que no hubo ningún imputado por los once campesinos fallecidos. En 2013, el Alto Comisionado pidió a Paraguay una investigación “inmediata, independiente e imparcial” que tomara en cuenta “las acusaciones de graves irregularidades en las actuaciones de Ministerio Público, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad” en relación al caso.

Asimismo, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que el pasado abril Paraguay se comprometió a crear una comisión independiente de investigación para esclarecer las denuncias que envuelven el caso Curuguaty.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante del Partido Colorado para impulsar la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).