Piden esclarecer muerte de policía

Javier Rodrigo Dávalos González prestaba servicios en Antinarcoticos en Santa Rosa del Aguaray y fue asesinado de un impacto de bala el viernes pasado. En el reporte policial se indicó que habría caído en medio de una persecusión y que el hombre que efectuó el disparo, un presunto narco de 62 años de edad, huyó del lugar.

Lea más: Policía muere tras persecución a traficante

La abogada de la viuda, Rosana Figueredo, relató esta mañana que habría una serie de irregularidades en torno al caso. Comentó que la esposa de la víctima, la subcomisaria Damaris Villalba, detectó numerosas cuestiones que le llamaron la atención.

En primer lugar, en el acta de procedimiento ni siquiera figuran detalles como el horario de la muerte, y el celular de su esposo y su billetera estaban en poder de otro policía, por lo que no fueron tomados como evidencia.

Asimismo, indicó que la última conexión de Whatsapp de su marido, quien tenía su celular bloqueado con huella dactilar, no coincide con la hora que le indicaron del homicidio. “Ella busca una explicación de lo que pasó con su marido. Al ser personal policial, conoce los procedimientos”, mencionó la abogada.

Teniendo en cuenta esos elementos que despertaron su sospecha y ante la falta siquiera de una autopsia por parte del Ministerio Público, la viuda pidió a un perito privado que examine las fotografías que le llegaron por Whatsapp.

El especialista le indicó que Dávalos González presentaba signos de tortura en las rodillas y que el impacto se habría producido a mucha cercanía y no parecía producto de una persecusión, por lo cual le sugirió que pida una investigación profunda y autopsia constatada por peritos de su confianza en Asunción. Además, la esposa se percató de que su marido tenía moretones y perdió un diente, agregó Figueredo.

Mediante su abogada, la viuda consiguió que el juez le conceda el pedido de autopsia, y el fiscal Alberto Torres Flores se presentó hasta la casa de los padres de la víctima, donde estaba siendo velado, para retirar el cuerpo y derivarlo hasta la ciudad capital. Sin embargo, no cumplió la orden emitida por el juez con el argumento de que “300 personas” le impidieron realizar el trabajo.

Ante el incumplimiento de esa orden judicial, sus familiares ya enterraron al hombre ayer. La abogada considera que se complicarán las investigaciones teniendo en cuenta que ahora se tendrá que prever un pedido de exhumación y se podrían perder pruebas. La viuda solamente pide que se esclarezcan las circunstancias en las cuales falleció el uniformado, para que luego regrese hasta la ciudad de sus padres para el entierro.

Consultado al respecto, el fiscal Torres Flores confirmó el incidente de ayer y relató que las fuerzas públicas se vieron “sobrepasadas” ante la gran cantidad de pobladores que obstaculizaban el procedimiento. “No es que no quisimos hacer (la autopsia). Tratamos de explicarles, pero iba a desencadenarse en una situación mucho más grave; entonces, dejamos nomás constancia de esa circunstancia”, detalló.

El fiscal reportó lo sucedido al juez penal de garantías de Santa Rosa del Aguaray, Rodrigo Valdez, quien le anunció que realizará una denuncia por desacato, y ya dependerá de la orden que brinde él para que puedan obrar y realizar una necropsia.

En el acta de procedimientos el fiscal identificó a tres personas que serían “las cabecillas” de los pobladores que impidieron el cumplimiento de la orden judicial, identificadas como Julia Mendoza, secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de San Pedro; Antonio Peralta Reyes, intendente de San Pablo, y Justo Peralta, presidente de la Junta Municipal de la misma ciudad.

Respecto a por qué no se le realizó una autopsia antes de entregar el cuerpo a los familiares, aseguró que ese procedimiento solo es realizado cuando la bala queda dentro de la víctima, pero en este caso tenía orificio de entrada y salida, por lo cual no era necesaria porque el médico forense ya determinó la causa de muerte en el momento.