Al referirse, comunicado mediante, al rechazo del proyecto que crea una superintendencia de jubilaciones y pensiones, el IPDE considera que la discusión de la ley en ambas cámaras no realizó con la “debida rigurosidad”, en su momento, tratándose de un tema sensible para la población.

El escrito del instituto, presidido por el abogado Diego Zavala, agrega que en el debate en torno a la reforma estuvieron ausentes los temas más postergados dentro del sistema previsional, como, por ejemplo, la posibilidad de que los trabajadores activos elijan a qué tipo de sistema aportar.

En ese sentido, el instituto considera que el estudio de la ley no debe detenerse ni circunscribirse solamente a la creación de organismos de control, sino que la discusión debe trasladarse al replanteamiento de todo el sistema previsional.

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Sostiene que existe una variedad de cajas públicas, privadas y mixtas que en la actualidad no están supervisadas, y que las inversiones de los fondos que administran se realizan sin control alguno.

Añade que todas asumen, en última instancia, que el Estado es el “responsable último” del sistema, lo que equivale a decir que asumirá por todas las pérdidas, cuando que los beneficios de cada jubilado son individuales. “El costo es social, pero el beneficio es privado. Vale decir, esto es insostenible”, alerta.

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Afirma que el sistema se mantiene como está, permanece vulnerable a los malos manejos financieros y administrativos de los recursos de las cajas, como ya ocurrió con la Caja Bancaria y la de Jubilados de Itaipú, en su momento.

Por otro lado, el IPDE advierte que la matemática actuarial muestra que el sistema de jubilaciones no podrá sostenerse en el futuro (estudios actuariales del IPS dan cuenta de que si no se introducen reformas, en el año 2035 podría volverse insostenible el sistema.

Indica que muchas cajas, indefectiblemente, entrarán en quiebra, lo que equivale a que las próximas generaciones se verán obligadas a financiar la jubilación por vejez de personas que no han aportado para tener los beneficios que reciban. “Y, para peor, si no se toman medidas ahora, será peor en el futuro; nos llevará a un agujero más profundo”, asevera.

En ese orden, el instituto apunta una decena de puntos que no fueron debatidos en el proyecto de ley rechazado el jueves por el Senado, a pesar de que requieren de un franco y riguroso debate para la mejora del sistema:

1) El régimen de pensiones debe ser autosustentable (terceros no pueden financiar la jubilación de los beneficiarios por causa de los malos manejos administrativos).

2) Revisión crítica del sistema de reparto de las cajas.

3) Urgente instalación de una autoridad de control, tratándose de entidades que manejan cuantiosos recursos. ¿Quiénes controlan a los administradores? Si las aseguradoras y los bancos tienen entidades de control que les supervisan (y que ha mostrado beneficios al sistema bancario), las cajas de jubilaciones también deben tenerlas. De lo contrario, permanecen vulnerables y sus aportantes desprotegidos).

4) Los ahorros del sistema de jubilaciones y pensiones deben poder ser invertidos para obtener beneficios que permitan incrementar las jubilaciones.

5) Los fondos de jubilaciones y pensiones deben permanecer blindados de sus propias administraciones.

6) Las administraciones deben estar bajo el control del Estado.

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7) Debe permitirse al sector privado que opere como administrador de pensiones.

8) Las reformas legales deben permitir la introducción del sistema de capitalización individual para dar opciones a los aportantes.

9) Debe darse libertad a los aportantes a elegir qué sistema de jubilación prefiere. Hoy están prisioneros dentro de sus respectivas cajas, sin posibilidad de elegir o migrar entre las cajas que les den mejores beneficios.

Instituto Paraguayo de Derecho y Economía es una organización no gubernamental que agrupa a profesionales y estudiosos interesados en las interacciones entre el derecho y la economía.

El IPDE tiene por objeto el estudio y la investigación científica en las materias del Análisis Económico del Derecho (AED). Su director es Diego Zavala, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, y miembro de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE).