Los fiscales de delitos económicos y anticorrupción Josefina Aghemo y René Fernández pidieron al Ministerio del Interior la custodia policial permanente para cinco personas sospechosas de ayudar a Javier Zacarías Irún y a Sandra McLeod en el desvío de G. 12.174 millones de los contribuyentes de la Comuna esteña. Están todos imputados por el hecho punible de lesión de confianza, pero decidieron colaborar con la investigación, y se espera que declaren y cuenten cómo los Zacarías usaron fondos públicos para fines particulares, como el financiamiento de campañas políticas.

Uno de los ahora testigos es el exdirector de Prensa de la Municipalidad de Ciudad Del Este, Juan Domingo Sanabria, quien reconoció públicamente que pagaban a periodistas y a medios de comunicación para que alabaran la gestión de los McLeod y Zacarías Irún. También dijo que usaban empresas familiares para justificar los desembolsos irregulares.

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Con Sanabria, suman cinco los funcionarios de la Comuna o personas que figuran como propietarios de algunas de las firmas utilizadas para los pagos irregulares, que decidieron declarar en contra de los Zacarías. Todos ellos contarán con protección, a fin de evitar algún ataque que busque coaccionarlos para que no hablen.

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No obstante, otros implicados en el millonario desvío no dieron detalles del esquema montado en la Municipalidad. Son el exdirector administrativo de la Comuna, David Espínola; Alberto Rodríguez Florentín, intendente interino entre entre julio y diciembre de 2015; y Carlos Bordón Bottino, responsable de Frontera Producciones, empresa de maletín utilizada para acaparar las licitaciones de propaganda y publicidad, según la Fiscalía.