“Para garantizar la seguridad alimentaria se hace imprescindible una reforma agraria integral que apunte a la implementación de políticas orientadas a modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra y fortalecer el papel de la agricultura familiar como proveedora de alimentos”, dictó el informe de la relatora divulgado el martes.
Sepúlveda redactó el informe tras una visita a Paraguay el diciembre pasado y será presentado este miércoles durante la vigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que comenzó el lunes y durará hasta el próximo 6 de julio.
La reforma debe estar acompañada de “asistencia técnica, insumos, microcréditos, capacitación así como inversión en infraestructura y sistemas de irrigación”, relató el informe.
Por otro lado, el gobierno paraguayo debe garantizar a todos los habitantes “el derecho a vivir en un ambiente sano” además del derecho a la salud.
“El Estado (…) debe supervisar adecuadamente la aplicación de las normativas ambientales e intensificar la aplicación de las medidas correctivas para restituir los recursos naturales”, detalló.
También debe fortalecer las instituciones del ámbito, que se encarguen de regular el uso, manejo y protección de los recursos naturales.
“El Estado debe acelerar las tareas de restitución de tierras ancestrales (…) supervisar y sancionar toda expansión de la producción de soja en tierras indígenas”, agregó.
Recomendó también garantizar la implementación efectiva de la Ley 904/81 para proteger las tierras de los pueblos indígenas, así como su forma de vida.
La relatora también agregó que el gobierno debe asegurar la existencia de “datos estadísticos confiables” con información de los sectores de pobreza extrema, “en particular mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad”.
La relatora recomendó que Paraguay implemente “sin demora” el Impuesto a la Renta Personal para contar con más ingresos y garantizar la sostenibilidad de los programas sociales.
Solicitó también que los poderes del Estado tomen medidas efectivas para aumentar la transparencia y que el acceso y la permanencia a la función pública dependan solamente del mérito y la idoneidad.
Pidió también “promulgar una ley integral de prevención, sanción y erradicación de la violencia machista” en Paraguay.