Los integrantes del Tribunal electoral del Alto Paraná y Canindeyú, Benigno Rodríguez, Carmen Chávez y Francisco Zacarías, dieron lugar a una medida cautelar de urgencia planteada por la concejala Sandra Silvera, tras haber sido destituida de forma arbitraria por el presidente de la Junta Municipal de La Paloma, Cristóbal “Kiko” Villalba, el pasado 19 de agosto. La resolución Judicial (A.I. Nº 103) fue firmada el jueves.

Según se desprende de la parte resolutiva, el Tribunal decidió suspender los efectos de la Resolución 39/2015, de la Junta Municipal de La Paloma, por la cual se le había declarado cesante a la edil recurrente. En el punto Nº 2 ordena su reposición en el cargo como miembro titular de la Junta Municipal de La Paloma. Además, decreta la prohibición de innovar a la parte demandada, es decir a la Junta Municipal y su presidente, quien, según la denunciante, de manera arbitraria lo había dejado fuera de su banca. En su lugar convocó y lo hizo jurar al concejal suplente Daniel Villamayor, sin respetar el debido proceso.

El pecado de la concejala Sandra Silvera fue no apoyar al candidato oficial del clan Villalba, el hermano menor de la familia, Cristóbal “Kiko” Villalba, quien se postuló y ganó las internas por la lista 2A el pasado 26 de abril. La edil apoyó a su contrincante Elizardo “Ochi” Maldonado, de la lista 2H.

Responsabilizó del hecho especialmente a la diputada Cristina Villalba, quien, según dijo, ya le quiso sacar además de su cargo de funcionaria de la Itaipú, y tampoco lo logró. El miércoles, Silvera intentó participar de la sesión ordinaria de la Junta, pero fue impedida por efectivos de la Policía, quienes le restringieron su libre acceso al legislativo por orden de los Villalba, según denunció públicamente.