Cantero reconoció que en nuestro país se dificulta la persecución de este tipo de delitos como el que denunció el senador Benítez, ya que no existe una legislación que obligue a las empresas telefónicas a guardar el IP (número de identidad en internet) y tampoco está penado el hecho de crear una cuenta falsa. Sin embargo, indicó que es posible llegar a los responsables y castigarlos por otros delitos establecidos en la legislación.

“Lo que nosotros hicimos como primera medida como Ministerio Público es mandar desde el departamento técnico los datos. Primero a los efectos de realizar la denuncia a Twitter, mandar todas las documentaciones pertinentes a los efectos de localizar y vincular esa cuenta de Twitter a algún teléfono o con una cuenta de correo para llegar al IP que es el centro de nuestra investigación”, indicó Cantero a ABC Cardinal.

Ratificó que es posible llegar al impostor. “Se puede identificar pero preliminarmente lo que hacemos es proceder al bloqueo y la denuncia correspondiente a la telefonía”, indicó Cantero y remarcó que ya hubo casos donde se llegó a responsables de delitos a través de la redes.

“De hecho que en muchos casos se llegó. Se pudieron realizar los allanamientos una vez que se identificó el IP, no es que nunca se pudo identificar. Al contrario: hay muchas causas en trámite y se llegó justamente a la ubicación del IP y luego al allanamiento. Se incautaron las computadoras y hay gente procesada y condenada”, dijo.

Analizan varios delitos posiblemente cometidos en este caso, aunque por lo general se suelen aplicar sanciones en el ámbito penal privado por difamación y calumnia. “Estamos analizando acceso indebido a sistema informático, alteración de datos, no podemos hablar de sabotaje. Al fin y al cabo, lo que se procede a realizar es un delito de acción privada. Lo que se utiliza son medios informáticos, utilizan las redes para difamar, calumniar e injuriar”, explicó.