Para Estigarribia, si la Junta de Gobierno no accionó legalmente contra las modificaciones del estatuto partidario realizado el pasado sábado, que elevaron los años de afiliación para ser candidato a cargos electivos, significa que las acciones de la convención extraordinaria son válidas.
Recordó el exlegislador que la Convención Colorada es la máxima instancia de toma de decisión del partido, y que tiene por debajo a la Junta de Gobierno. Cabe recordar que las autoridades de la Junta (mayoría cartista) no convocaron a una sesión extra de convencionales, sino más bien fue iniciativa de un grupo apoyado por el oficialismo colorado (Añetete) y que, tras un segundo intento, alcanzó el quorum para sesionar y cambiar las reglas del estatuto partidario.
“Probablemente, no judicialicen, y es por algo. Si el tribunal partidario no se pronunció, me da a entender que lo que se hace es válido. Si nadie impugna el resultado, es válido”, resaltó Estigarribia, en conversación con radio ABC Cardinal.
En cuanto a los cambios, de elevar nuevamente los años de antigüedad para ser candidato por el Partido Colorado, Estigarribia lamentó que, nuevamente, no se haya dado un debate “serio y sesudo” dentro del partido.
En ese contexto, explicó que subir la antigüedad de afiliación permite hacer “carrera a los honores”, pues con el tiempo se logra la pertenencia y afecto hacia el partido. Sin embargo, como punto negativo, dijo que esta premisa excluye a figuras prestigiosas que se suman al partido y que puedan ser potables candidatos, como se denomina a los “outsiders”.
Recordó que en la convención del 2011 primó la “billetera” de Horacio Cartes, porque se redujo la antigüedad de afiliación de 10 años a uno solo para que el empresario tabacalero pudiera candidatarse a presidente de la República, y que en la convención del pasado sábado se impuso “la lapicera” de Mario Abdo Benítez, presidente del país, para revertir las decisiones tomadas ocho años atrás.
Para Estigarribia, se perdió una nueva convención para incluir temas trascendentes, como por ejemplo la exclusión como candidato a cargo electivo de una persona investigada por hechos de corrupción o crímenes.