Acompañados de sus asesores legales, un grupo de indígenas realizó un recorrido por el predio el pasado viernes, constatando nuevas aperturas de picadas y terrenos deforestados. El líder de la comunidad indígena, Unine Cutamoraja, sostuvo que cerca de 60 hectáreas ya fueron deforestadas.

Durante el recorrido se verificó la presencia de una topadora en pleno trabajo de desmonte. El operario de la maquinaria aseguró que fueron contratados para desmontar unas 50 hectáreas del predio.

Otro funcionario sostuvo que la empresa que identificó como Bafri S.A, los sindicó a hacer el trabajo. Aseguró que la empresa cuenta con los papeles y los permisos necesarios, sin embargo, insistió que no identificaba a los representantes de la firma.

Según fuentes del Registro Público, dentro de las 25.000 hectáreas adquiridas por el Indi en 1996, existen por lo menos cinco títulos de propiedad superpuestos, que totalizan 11.000 hectáreas. Las restantes 14.000 hectáreas que aún quedan intactas, son constantemente amenazadas por rolleros que ingresan ilegalmente al predio para extraer madera.

El conflicto de superposición de títulos se complicó aún más luego de que Rubén Quesnel, actual titular del Indi, vendiera ilegamente las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, a un 6 por ciento del valor del mercado calculado. La transferencia se realizó en abierta violación de la Constitución Nacional y de las obligaciones legales inherentes a la institución a la que actualmente representa. Varios indicios indican que la transferencia sería un gran negociado, que implicaría a escribanos, abogados, particulares y funcionarios del Estado.

La Unión Nacional de Ayoreos en Paraguay (UNAP) demandó a Quesnel ante la Fiscalía. Representantes legales de la comunidad presentaron además una demanda de nulidad de la transferencia. Sobre el terreno rige una orden de no innovar.