En su descargo, Fernández detalló que los exconsejeros otorgaron un poder discrecional por medio de contratos varios al ciudadano guatemalteco Eduardo García Obregón, para que manejase éste a su antojo los recursos provenientes del aporte de los trabajadores, que debían servir a los aportantes para llevar una vida digna una vez concluidas las funciones en la hidroeléctrica.

“La forma dolorosa en que los exconsejeros entregaron el dinero ha sido vergonzosa, más aún porque la plata desapareció, murió el capital, murió la esperanza y la Caja está en quiebra”, expresó el abogado durante la presentación de alegatos finales de la querella contra los expresidentes y exconsejeros dela Cajubi, impulsada por los aportantes a la caja de jubilaciones. A García Obregón, afincado actualmente en Canadá, se le atribuye la recepción de más de US$ 14.000.000 por medio de la empresa Columbus Capital Corp., inexistente y no reconocida.

Se presume que unos US$ 57 millones fueron a parar a Canadá y otros 30 millones de la misma moneda, remesados a las firmas de fachada creadas por el matrimonio venezolano compuesto por Marcelo Barone y Elizabel Vázquez. Con este dinero, la pareja adquirió lujosas propiedades y vehículos de último modelo, a costa de personas que en promedio ganaban G. 2.000.000 o G. 3.000.000 como salario.

En su descargo, el guatemalteco responsabilizó al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos y al exdirector de la Itaipú Binacional Víctor Bernal de supuestamente montar una máquina lavadora de dinero a través de la Cajubi y dijo que el dinero remesado a Canadá era fruto de actividades criminales en el país sin mencionar que gran parte del dinero se envió a través de empresas de su propiedad.

Llamativamente, a pesar de estar acusados por un multimillonario perjuicio a sus pares, gran parte de los procesados por este caso siguen cobrando el salario y accederán al beneficio de la jubilación. Incluso varios jubilados perjudicados por las maniobras fallecieron sin obtener justicia.