Cargando...
El 21 de octubre de 2011, el 911 recibía una llamada anónima de un teléfono celular, alertando que en la residencia del senador Robert Acevedo –en Asunción– había una bomba. Resultó ser una broma de mal gusto.
Con el número de teléfono registrado en el 911, los policías no tardaron en ubicar al dueño del teléfono celular. Sin forma alguna de justificar su equívoca acción, Fernández afrontó un proceso en la justicia, que finalizó recientemente.
Reconoció el hecho ante el juez Óscar Delgado y el magistrado le aplicó un procedimiento abreviado, es decir una serie de medidas, a fin de cumplirlas como castigo.
El llamador evitó la tan temida cárcel de Tacumbú, pero durante un cierto tiempo tiene que comparecer mensualmente ante el juzgado de Pedro Juan Caballero y no abandonar el Paraguay.
La parte más dura quizás es que el protagonista tiene que donar G. un millón a los bomberos del cuerpo de bomberos del Amambay y no comunicarse con el parlamentario.
No es un castigo carcelario, pero el bolsillo del responsable se verá afectado. “Se le da una señal a las personas que crean zozobra en la sociedad a través de las llamadas al 911”, indicó el fiscal Francisco Ayala, quien recibió la ayuda de su colega Teresa Rojas.