El Poder Ejecutivo emitió el decreto N° 4.056/2015, por el cual “Se autoriza al Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con el Instituto Forestal Nacional (Infona), la Secretaría del Ambiente (Seam) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a establecer regímenes de certificación, control y promoción del uso de bioenergías que garanticen la sostenibilidad de estos recursos energéticos renovables”.
El objetivo es la conservación de bosques naturales y el fomento y promoción de la reforestación para fines energéticos y maderables. La meta es crear a corto y mediano plazo una masa forestal de 160.000 hectáreas, distribuidas en puntos cercanos a los grandes centros de consumo energético agroindustrial y de producción cerámica.
De acuerdo al decreto, en unos 5 años más, todo uso de leña, carbón vegetal, bagazos, carozo de coco, entre otros, debe estar 100% certificado.
La matriz energética nacional está basada en un 44,5% en biomasa (uso de la madera y otros productos vegetales para crear energía), que en su mayor porcentaje es consumida por las fábricas de cerámicas o se utiliza para secar granos. Los otros componentes de la matriz energética son la energía eléctrica (17,5%) y los hidrocarburos (38%).
El uso de biomasa genera una gran presión sobre nuestros bosques nativos. Para resguardar y conservar los bosques, el Gobierno Nacional busca impulsar las plantaciones forestales en el país con una línea de crédito inicial de USD 40 millones.
La fuente de financiamiento será el Banco Nacional de Fomento (BNF), bajo las siguientes condiciones: La tasa de interés anual de 7,95%; desde cuatro años de gracia, y la posibilidad de pago de intereses a cosecha, dependiendo de cada proyecto.
En tanto que la nueva reglamentación para el uso de biomasa será gradual. En el primer año se exigirá la certificación de un 30% desde el momento de la implementación del plan de reforestación; luego, en el segundo año se tendrá que certificar el 50%; en el tercero el 70% y en el cuarto año el 90% hasta alcanzar así al término de cinco años, el 100%, quedando a partir de ese momento prohibido el uso de biomasa no certificada en el país.