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En un e-mail facilitado a ABC Digital se ofrece a la venta listas de clientes de varias empresas de distintos rubros donde se especifica que los datos incluyen nombre, número de teléfono, dirección, línea baja y otros datos para ubicar a las personas.
Por 200 dólares cualquier interesado puede comprar un paquete de información que incluye todos los datos de las personas que actualmente son clientes de empresas privadas. También se incluyen datos del padrón nacional 2011.
"Buenos días señor/a te ofrezco para tu negocio estos clientes, avísame si te interesan, todas las bases de datos contienen número telefónico, nombre, dirección, línea baja y otros datos, el último precio es 200 dólares" (sic), expresa el correo que ofrece vender datos de clientes.
Seguidamente, publica la cifra de la cartera de clientes que tiene para ofrecer a la venta, especificando la cantidad y a qué firma pertenecen: "2.400.000 Clientes de Tigo, 120.000 Clientes de Claro, 32.530 Clientes Personal, 7.375 Clientes de Asismed - Seguro privado, 20.001 Clientes Club M Shopping Mariscal López, 3.150 Atlas, 1.590/10684 Banco Continental, 22.000 TC VISA-Interbanco, etc", entre otros.
Al final menciona que, tras el pago, la entrega es inmediata y que el horario de atención es de lunes a viernes hasta las 20:00. Incluso se realiza entrega a domicilio u oficina.
Llamada sospechosa
Una agente de policía, que pidió reservar su nombre, comentó a ABC Digital que le llamó la atención un mensaje que recibió en su teléfono celular y se mostró preocupada por el hecho de que cualquiera pueda acceder a los mismos.
"Ellos me enviaron un mensaje de una empresa y me dijeron si no quería ser su cliente. Incluso dijeron que soy cumplidora y que si no quiero tener un préstamo no se qué. O sea, la gente accedió a mi línea personal de celular y todo eso le proporcionaron", relató.
¿Delito?
ABC Digital consultó con Néstor Suárez, asesor jurídico del Ministerio del Interior, quien indicó que dicho comercio está violentando la intimidad de las personas al facilitar datos.
"Esto se da muy constantemente dentro del manejo comercial de las personas, a mí me suelen llamar de cualquier entidad para darme una tarjeta de crédito donde tienen todos mis datos", relató a modo de testimonio.
Seguidamente, explicó que se "está violentando la intimidad de las personas, independientemente que puede ser un hecho punible de alteración de datos, porque sí estamos vendiendo aspecto de la intimidad de las personas, más todavía si son registros privados".
Suárez expresó que esta situación puede afectar a la empresa que está otorgando el registro o de donde se están extrayendo los datos, puesto que la misma se expone a sanciones administrativas y penales.
"También si estamos sabiendo que yo estoy en una empresa determinada y de esas empresas me están sacando mis registros están violando una ley. En el caso de los bancos, ellos tienen el secreto bancario, y podría caer en una sanción administrativa a los funcionarios y una sanción penal, a iniciativa del afectado", indicó.
Agregó que "deberían tener una sanción administrativa porque están violentando el secreto privado de las personas. Ellos asumen el resguardo y esa protección de esas referencias".
Fiscalía no interviene
Suárez expresó que la venta de datos puede tipificarse como un delito de acción privada, por lo que la Fiscalía no puede intervenir de oficio. Según el mismo, la iniciativa para esclarecer el caso debe partir de las empresas de donde salieron dichos datos o el afectado debe ser el que tome medidas al respecto.
"Tiene que ser una iniciativa de las empresas de donde salieron los datos. En mi caso, en primer lugar le haría una nota denunciando a la empresa que tiene mis datos, que ellos internamente vean quién es el funcionario que está haciendo eso, y comunicar ante la institución a la cual le corresponde el área, y si constato que hay un funcionario que vende mis datos sin mi consentimiento, hago la denuncia", ejemplificó.
El asesor jurídico indico que la Fiscalía solo tomará parte si se realiza una denuncia ante un fiscal, ante la Policía o si se difunde en un medio de comunicación, con lo cual le tocaría al fiscal de turno actuar de oficio.