El 2026 abre con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030 ingresando a su etapa final, con tres ejes explícitos (pobreza y desarrollo social, crecimiento inclusivo, e inserción internacional) que funcionaron como marco, pero que dejan varios puntos pendientes de ejecución y coordinación.
En paralelo, el Estado ya formalizó el giro hacia el PND Paraguay 2050, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enmarcó su construcción como respuesta a la proximidad del cierre del plan vigente y como herramienta de orientación de largo plazo; el lanzamiento oficial de este último plan se realizó el pasado 29 de octubre de 2025.
Sobre esa base se instala “Paraguay 2X”, estrategia que tiene como objetivo duplicar el PIB en diez años mediante 400 acciones y tres pilares operativos: subir productividad en rubros donde el país ya es fuerte (soja y carne), sofisticar la producción con valor agregado y acelerar nuevas industrias con ventaja competitiva (celulosa y data centers).
Presupuesto 2026: prioridades y “palanca productiva”
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 asciende a G. 149,6 billones, con una distribución prácticamente mitad y mitad: G. 74,9 billones para la Administración Central y G. 74,6 billones para Entidades Descentralizadas. En la narrativa oficial, la programación pasa a priorizar salud, educación, seguridad y protección social, lo que ordena el gasto, pero no resuelve por sí solo el desafío del salto productivo.
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El otro dato clave se desprende desde el aspecto fiscal: el PGN se encuadra en la meta de déficit del 1,5% del PIB para 2026, como parte del proceso de convergencia hacia la regla fiscal.
Pero, para la agenda productiva el presupuesto se lee con preguntas puntuales: ¿qué parte del plan de gastos se transforma en inversión e infraestructura ejecutada?, y ¿qué parte queda absorbida por rigideces que limitan el margen de acción?
Energía e Itaipú: ventaja competitiva con agenda y plazos
Es indiscutible que la ventaja energética vuelve al centro del tablero en 2026 por una razón concreta: la tarifa de Itaipú quedó fijada en US$ 19,28 por kW/mes para el período 2024–2026. Ese esquema se ata al entendimiento bilateral que, según Cancillería, totaliza alrededor de US$ 1.250 millones anuales para Paraguay, desagregados en rubros como royalties, inversión social, compensación de energía y utilidades de capital.
En este aspecto, el debate productivo como tal no se centra en la cifra, sino en el destino, es decir, cuánto de ese flujo se convierte en infraestructura, capital humano y condiciones para atraer inversiones intensivas en energía.
En paralelo, 2026 es un año sumamente clave para la industria energética, ya que además de ser un año bisagra de apalancamiento, convive con la renegociación del Anexo C, que regula las bases financieras de la binacional y agrega tensión política a un insumo clave para la competitividad.
La segunda pieza es regulatoria: el Ejecutivo promulgó la Ley N° 7599/25 para modernizar el régimen de generación energética con fuentes renovables no convencionales no hidráulicas, reemplazando el marco previo. Para el ámbito industrial y nuevos proyectos (solar, biomasa, eólica), el filtro estará en si el sistema habilita o no inversión privada con reglas claras y plazos viables.
Infraestructura y logística: donde se gana o se pierde productividad
Asimismo, para este año el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) proyectó un presupuesto institucional de US$ 887 millones y lo defendió ante la Comisión Bicameral como cartera “palanca” de competitividad. Pero la discusión no se centra en el tamaño, sino en la inversión física prevista que rondaría los US$ 604,8 millones (68% del total), por debajo de 2025 en esa clasificación.
En logística fluvial, el MOPC adjudicó el dragado y mantenimiento del río Paraguay con un esquema de montos por tramos: solo el componente dragado se mueve en un rango de G. 74.753 millones a G. 149.506 millones, más señalización (boyas y balizas) también presupuestada por rangos. La lectura productiva es directa en este aspecto, ya que a mayor navegabilidad —sostenida en el tiempo—, menor costo logístico y menos riesgo operativo para exportadores e importadores.
En el Chaco, el Corredor Bioceánico sigue con ejecución en parte de la ruta PY15, un tramo de más de 224 km que conecta nodos estratégicos y busca reducir tiempos de traslado. Y para obras grandes, el Gobierno volvió a empujar alianzas público-privadas (APP): días atrás se firmó un contrato para la duplicación y mejora de la ruta PY01 bajo ese modelo, y el MEF ya venía defendiendo ajustes normativos para destrabar licitaciones y plazos.
Reglas del juego: inversión, maquila y reforma
Este año el termómetro productivo va a estar finalmente en tres decisiones medibles: (1) incentivos a la inversión: si se actualiza el régimen (tipo Ley 60/90) con criterios verificables —empleo formal, exportaciones, valor agregado— y con controles que eviten beneficios sin resultados; (2) maquila: si la reforma del régimen (Ley 1064/97) disminuye la fricción real (plazos, trámites, habilitaciones) y abre cancha a nuevas líneas de exportación, incluidos más tipos de servicios; (3) seguridad jurídica operativa: si avanza un marco de arbitraje que reduzca tiempos y costos de resolución de controversias comerciales, que se convierte en una señal directa para inversión de largo plazo.
El cuarto frente es el que condiciona a todos: la Caja Fiscal, punto en el que coinciden tanto economistas como organismos multilaterales, quienes han advertido repetidamente que el déficit previsional es la mayor amenaza para las finanzas públicas. Si el Ejecutivo y el Congreso no encaran una reforma con calendario y parámetros claros, el déficit previsional se vuelve un factor que recorta el margen presupuestario, erosiona la credibilidad fiscal y encarece el financiamiento de políticas productivas. Porque sin sostenibilidad fiscal, la productividad no escala aunque la infraestructura avance.