La investigación por presuntas prácticas anticompetitivas es una medida formal que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) puede realizar a empresas para indagar si han abusado de su posición de dominio, o si mediante acuerdos han logrado manipular el mercado.
En 2026, la Conacom inició en Paraguay la apertura de un sumario de investigación a los siete principales frigoríficos que operan en el país por una presunta violación a los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 4956.
Este proceso escaló de un diagnóstico estructural o estudio de mercado a una investigación formal, en atención a solicitud de la Dirección de Investigación de la Comisión: ordenar la instrucción de un sumario de investigación, en el marco del cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia.
Desde febrero corre el plazo para la investigación a los siete frigoríficos y únicamente hasta que termine este proceso el sumario concluirá de acuerdo a los términos de la ley: sanciones económicas, medidas correctivas o archivo del proceso si no se prueban prácticas anticompetitivas.
En el mercado de la carne, el oligopsonio, al contrario del oligopolio, se produce cuando miles de ganaderos (productores) dependen de pocas plantas industriales para vender, procesar y exportar su producto. Si los compradores actúan de forma coordinada (colusión), el productor pierde su capacidad de negociación, lo que puede llevar a que el precio que recibe sea bajo, incluso si la demanda internacional o consumo local es más alto.
El camino: paso a paso
El proceso que hoy enfrenta a la industria frigorífica no fue fortuito. Todo comenzó en el último semestre de 2024, cuando la Dirección de Investigación de la Conacom activó un proceso de vigilancia tras detectar constantes quejas gremiales de productores y publicaciones en medios de comunicación (incluido ABC) que narraban una posible distorsión de precios.
En esta etapa, bajo el expediente AP/2024/05, la autoridad recolectó evidencias iniciales sobre un posible oligopsonio: compradores dominando a muchos vendedores.
Tras analizar la información, el 20 de enero de 2026, la Dirección de Investigación presentó un pedido de inicio de Sumario de Instrucción a la Comisión, argumentando que existen indicios razonables en los que empresas podrían haber incurrido en prácticas prohibidas.
Apertura de sumario y defensa
Con el visto bueno del Directorio, una semana después, se ordenó la apertura oficial del sumario. A partir de ahí, hay un plazo de 90 días prorrogables para que la instancia de la Conacom realice diligencias: citar testigos, requerir documentos contables privados y solicitar informes a consultoras económicas especializadas.
Al concluir la investigación, la dirección debe elevar un informe técnico al Directorio de la Comisión recomendando una de dos opciones: acusar formalmente a las empresas para que se apliquen sanciones (multas económicas o medidas correctivas) o desestimar el caso si no se prueban irregularidades.
Este proceso busca determinar si la dinámica de los precios, donde la carne sube para el consumidor, pero baja para el productor, es algo natural del mercado o el resultado de un acuerdo invisible entre industrias.
El espejo regional
Lo que ocurre en Paraguay pasa también en Uruguay, donde el sector cárnico ha protagonizado una batalla legal intensa sobre competencia en los últimos años. El foco central está en Minerva Foods que adquirió tres plantas frigoríficas de su competidor Marfrig.
Al igual que en el caso paraguayo, la preocupación principal de las autoridades y gremios ganaderos fue la formación de un oligopsonio. En 2024 y 2025, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) de Uruguay rechazó la operación, argumentando que permitiría la concentración del mercado en manos de un solo actor y un poder excesivo para fijar precios.
En el mundo corporativo actual, las fusiones y adquisiciones suelen verse como señales de fortaleza, eficiencia y consolidación. Sin embargo, para las autoridades de competencia, el problema no es la fusión en sí, sino el riesgo de distorsión que esa nueva fuerza pueda generar en el mercado.
La ley no prohíbe ser grande ni fortalecer una marca. Lo que prohíbe es que ese tamaño se use para eliminar la competencia o para imponer condiciones injustas que un mercado con más actores no lo permitiría.
En Uruguay y Paraguay, por citar un ejemplo, el sector carne es estratégico, por lo que cualquier movimiento que concentre el poder de compra se percibe como una amenaza directa a la seguridad económica del campo y de miles de familias productoras.
Expertos coinciden que este tipo de procesos regulatorios refleja vigilancia sobre mercados concentrados en la región, en línea con tendencias internacionales que priorizan la transparencia y la competencia efectiva en cadenas agroindustriales.